El jefe de Gabinete enfrenta una causa judicial por presunto enriquecimiento ilícito. La Justicia analiza el origen de los fondos utilizados para propiedades, viajes y deudas.
El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, está siendo investigado en una causa judicial por presunto enriquecimiento ilícito. La Justicia revisa el origen de los fondos que utilizó para comprar y refaccionar dos propiedades, financiar viajes al exterior y afrontar deudas con particulares.
La propiedad ubicada en el country Indio Cuá, en Exaltación de la Cruz, provincia de Buenos Aires, es el centro de la investigación. Se trata de una casa de 400 metros cuadrados que Adorni omitió declarar inicialmente ante la Oficina Anticorrupción y que luego incorporó a su patrimonio. El monto de las refacciones es el punto más sensible: surge de la declaración del contratista Matías Tabar, quien aseguró haber recibido ese dinero en efectivo y sin factura. Los trabajos incluyeron pisos, paredes, pileta, cascada en el jardín, muebles de cocina y artefactos de baño. Desde el entorno de Adorni rechazan la cifra y anticiparon que pedirán una pericia para determinar el valor real de las obras.
La segunda propiedad es un departamento en el barrio porteño de Caballito, vinculado a una operación de 30.000 dólares destinados a la compra. Esta cifra también forma parte del cuadro patrimonial que la Justicia analiza.
Otro frente de la investigación son los viajes internacionales. Según datos del expediente, los gastos en pasajes y alojamiento suman más de 24.600 dólares.
Además, la investigación pone atención sobre deudas que el funcionario habría asumido con distintas partes, que alcanzan los 335.000 dólares. La Justicia cruza estas cifras con los ingresos declarados por Adorni para evaluar si existe correspondencia entre patrimonio, gastos y obligaciones.
En total, los movimientos económicos bajo análisis superan los 600.000 dólares. Ese número, junto con la falta de declaración inicial de la casa de Indio Cuá y la modalidad de pago en efectivo de las refacciones, sostiene la sospecha de enriquecimiento ilícito. El expediente sigue su curso en manos del fiscal federal Gerardo Pollicita, mientras la defensa del funcionario anticipa que pedirá pericias para discutir el valor real de los trabajos realizados en la casa del country.