El Régimen de Promoción del Empleo Registrado (PER), incluido en la Ley de Modernización Laboral N° 27.802, permite a empleadores regularizar vínculos laborales informales con importantes beneficios.
En medio de una agenda económica marcada por reformas estructurales y un mercado laboral tensionado por altos niveles de informalidad, un capítulo clave de la Ley de Modernización Laboral N° 27.802 comienza a ganar relevancia: el Régimen de Promoción del Empleo Registrado (PER). Mientras gran parte del debate público se concentra en el Régimen de Incentivo a la Formalización Laboral (RIFL), orientado a promover nuevas contrataciones, el PER propone un enfoque distinto y complementario: ordenar el pasado.
En términos prácticos, funciona como un mecanismo de sinceramiento que busca regularizar relaciones laborales ya existentes, muchas de ellas atravesadas por la informalidad o por registraciones incompletas. La apuesta oficial es clara: reducir la litigiosidad, ampliar la base contributiva y ofrecer un alivio concreto a las empresas que arrastran pasivos laborales.
El régimen permite a empleadores del sector privado declarar y formalizar vínculos laborales iniciados con anterioridad a la promulgación de la ley. Esto incluye tanto a trabajadores completamente no registrados como a aquellos que se encuentran parcialmente declarados, por ejemplo, con jornadas o salarios inferiores a los reales.
Uno de los pilares del régimen es el tratamiento de la deuda previsional. La normativa establece una condonación que no podrá ser inferior al 70% del total adeudado por aportes y contribuciones, incluyendo capital e intereses. Para el saldo restante, que no superará el 30%, el esquema prevé condiciones de pago altamente favorables: planes de hasta 72 cuotas, con una tasa nominal anual máxima del 12% y un anticipo inicial de apenas el 5%. Además, se contempla un incentivo adicional para quienes puedan cancelar de contado, con descuentos de hasta el 10% sobre la deuda consolidada.
El PER también introduce beneficios en el plano legal. La adhesión al régimen implica la extinción de la acción penal prevista en el Régimen Penal Tributario vinculada a la falta de registración laboral. A esto se suma la condonación total de multas, infracciones y sanciones administrativas pendientes, siempre que se encuentren impagas al momento de la adhesión.
Otro aspecto clave es la posibilidad de salir del Registro de Empleadores con Sanciones Laborales (REPSAL), una base que en la práctica limita severamente la operatoria de las empresas, al impedirles acceder a financiamiento, beneficios estatales o contratos con el sector público. Asimismo, el régimen permite incluir deudas que se encuentren en discusión judicial o administrativa.
Para los trabajadores, el PER incorpora el reconocimiento retroactivo de aportes previsionales. El esquema permite computar hasta 60 meses de servicios con aportes, equivalentes a cinco años, para los trabajadores regularizados. Este reconocimiento se calcula sobre el Salario Mínimo, Vital y Móvil o sobre la remuneración declarada, si esta fuera mayor. Esos períodos serán válidos para acceder a la jubilación, así como a pensiones por invalidez o fallecimiento, y a prestaciones por desempleo.
El PER incorpora una cláusula de blindaje que busca garantizar seguridad jurídica: los organismos fiscales no podrán realizar determinaciones de deuda, ajustes ni sanciones sobre los períodos regularizados. La implementación estará a cargo de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), que deberá reglamentar el régimen sin introducir restricciones arbitrarias que limiten el acceso.