El sector de las carnicerías en Salta se encuentra en estado de alerta ante el incremento de la informalidad comercial y la elevada presión impositiva que afecta la rentabilidad del rubro, junto a la existencia de una competencia desigual entre los establecimientos registrados y aquellos locales que funcionan sin fiscalización ni cumplimiento tributario.
El sector de las carnicerías en Salta se encuentra en estado de alerta ante el incremento de la informalidad comercial y la elevada presión impositiva que afecta la rentabilidad del rubro, junto a la existencia de una competencia desigual entre los establecimientos registrados y aquellos locales que funcionan sin fiscalización ni cumplimiento tributario.
Así lo resaltó el empresario cárnico Dardo Romano, quien sobre las modalidades de ilegalidad dentro de la actividad, diferenció el abigeato de la faena particular sin controles sanitarios, pero también señaló el perjuicio que ocasiona la apertura de locales linderos que omiten el pago de Ingresos Brutos, tasas municipales y cargas previsionales.
En diálogo con FM Aries, indicó que los márgenes de ganancia de los comercios formales se redujeron debido a la estructura de costos y las obligaciones fiscales vigentes. «Pagamos más de impuestos provinciales de lo que terminamos ganando», manifestó Romano al describir la situación financiera que atraviesan las carnicerías.
El referente del sector cuestionó la disparidad en los criterios de inspección aplicados por los organismos de control estatales. «La municipalidad te encuentra un gancho oxidado y te aplica una multa, pero al que no está habilitado ni siquiera lo inspeccionan porque directamente está fuera del sistema», apuntó a la ilegalidad.
En referencia a la demanda, mencionó un cambio en los hábitos de compra de los consumidores salteños, donde las familias redujeron el volumen de compra de cortes vacunos y optaron por alternativas más económicas como el pollo, el cerdo o las menudencias.
Por último, dijo que en el rubro registran inconvenientes para incorporar personal calificado en los puestos de atención al público, pues los trabajadores manifiestan preferencia por los esquemas de cobro diario informal antes que por las contrataciones registradas con aportes y cobertura médica.