La Justicia detectó que el jefe de Gabinete realizó operaciones con criptoactivos durante 2024, pero no los informó en su declaración jurada ante la Oficina Anticorrupción.
La situación judicial de Manuel Adorni suma un nuevo capítulo. A la compra y venta de propiedades, pagos en efectivo por remodelaciones y viajes al exterior, se agrega ahora una investigación por movimientos con criptomonedas que no fueron declarados.
Según fuentes judiciales, la Fiscalía a cargo de Gerardo Pollicita y el juez Ariel Lijo detectaron que Adorni realizó operaciones con activos digitales durante 2024, cuando se desempeñaba como vocero del Gobierno. Estos movimientos debían estar consignados en su última declaración jurada presentada ante la Oficina Anticorrupción (OA), pero no figuran en el documento.
La información fue obtenida tras levantarse el secreto bancario y fiscal del funcionario, y luego de solicitar reportes a más de 20 plataformas de pago y exchanges de criptomonedas, entre ellas Binance, Ripio, Lemon y Satoshi Tango. También se pidieron datos a billeteras virtuales como Mercado Pago, Brubank y Personal Pay.
Los investigadores confirmaron que hubo “movimientos de entrada y salida” de criptoactivos, aunque el monto total aún se mantiene bajo reserva mientras se espera más documentación de otras plataformas. La sospecha inicial apuntaba a posibles operaciones vinculadas a billeteras virtuales y plataformas de inversión.
En su declaración jurada de 2024, Adorni reportó bienes por 107.894.833,66 pesos, incluyendo 42.500 dólares y una cuenta en Estados Unidos con 6.220,23 dólares. También consignó una hipoteca privada de 100.000 dólares para la compra de su casa en el country Indio Cuá, más un aporte propio de 20.000 dólares.
El foco de la investigación está en determinar si el patrimonio declarado se corresponde con los ingresos como funcionario público, considerando además las remodelaciones pagadas en efectivo y los viajes a Aruba, Punta del Este y Bariloche.
Adorni aseguró que todo quedará clarificado cuando se conozca su declaración jurada del período fiscal 2025, y afirmó tener “los papeles en orden”. No obstante, la Justicia continúa analizando la documentación bancaria, fiscal y de criptoactivos.