La Defensoría del Pueblo de Salta intimó formalmente a la dirección nacional del PAMI para que derogue la Resolución 1107/2026, que pone en riesgo la cobertura médica de miles de jubilados en la provincia.
La Defensoría del Pueblo de Salta intimó formalmente a la dirección nacional del PAMI para que derogue la Resolución 1107/2026, que pone en riesgo la cobertura médica de miles de jubilados. La medida responde a una crisis prestacional que dejaría sin médicos de cabecera a 72.000 afiliados en la capital salteña y a otros 120.000 en toda la provincia.
El defensor del pueblo, Federico Núñez Burgos, denunció que el organismo nacional impuso de manera unilateral un pago de apenas $200.100 por cada paciente. Esta cifra fue calificada como un ejercicio abusivo de posición dominante que desfinancia la labor de los profesionales y convierte la atención sanitaria en una ficción administrativa.
La resolución de la Defensoría sostiene que esta política es regresiva y viola la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores. Asimismo, el organismo repudió que autoridades nacionales consideren a los adultos mayores como una carga, recordando que son sujetos de derecho cuya dignidad debe ser respetada.
La falta de respuestas por parte del PAMI está provocando una saturación inmediata en el sistema de salud pública de la provincia de Salta. Ante la ausencia de médicos de cabecera privados, los jubilados se ven obligados a acudir masivamente a los hospitales públicos locales, trasladando la responsabilidad del Estado Nacional al presupuesto provincial.
Finalmente, la Defensoría estableció un plazo perentorio para obtener una respuesta favorable antes de recurrir a la vía legal. En caso de persistir el silencio administrativo, se interpondrán acciones judiciales colectivas para salvaguardar la vida y la salud de los ciudadanos salteños afectados por este recorte.