Colectivos de Trabajo Social y Nutrición exigen respuestas ante el crecimiento de deudas y la falta de avances en la implementación de la Caja de Seguridad Social provincial, tras más de un año de reclamos.
Colectivos autoconvocados de profesionales de Trabajo Social y Nutrición en la provincia de Salta renovaron su reclamo por la revisión e implementación de la Ley Provincial Nº 8444, que creó la Caja de Seguridad Social para estas profesiones. Los profesionales denuncian una falta de respuestas concretas ante deudas que, para muchos, superan el millón y medio de pesos desde la vigencia de la normativa.
El conflicto, que se extiende por más de un año, se centra en el impacto económico de la ley, especialmente para quienes ya realizan aportes al sistema previsional nacional o tienen ingresos variables. Los autoconvocados, que afirman representar a cerca de la mitad del padrón de la Caja, sostienen que el sistema actual «profundiza la incertidumbre, la exclusión y la desigualdad».
Entre las críticas técnicas, señalan que el estudio de viabilidad que respaldó la creación de la Caja fue realizado por especialistas en ciencias económicas sin incumbencia actuarial específica. Además, indican que las proyecciones abarcan solo 20 años, un plazo considerado insuficiente según estándares internacionales para evaluar la sostenibilidad de un sistema previsional.
Los profesionales aseguran haber participado en todas las instancias de diálogo institucional propuestas, presentando propuestas con asesoramiento especializado. Sin embargo, manifiestan que las expectativas generadas en comisiones legislativas no se tradujeron en soluciones. «Nos pidieron tiempo y lo dimos. Recibimos promesas que no se concretaron», expresaron en un comunicado.
Ante lo que califican como un «silencio legislativo», los autoconvocados anunciaron que continuarán con sus manifestaciones hasta obtener respuestas «concretas, serias e inclusivas». Insisten en que es posible modificar la ley para contemplar la realidad económica de los matriculados y garantizar un sistema previsional más justo y sustentable, sin generar situaciones de vulnerabilidad.
La situación mantiene en incertidumbre a cientos de profesionales en la provincia, quienes esperan definiciones de los poderes legislativos respecto al futuro de la normativa.