El Ejecutivo nacional busca oficializar durante abril el decreto reglamentario de la ley, con el objetivo de consolidar su aplicación ante los amparos judiciales presentados.
El Gobierno nacional aceleró el proceso administrativo para reglamentar la reforma laboral, sancionada por el Congreso el pasado 27 de febrero. La intención es oficializar el decreto durante el mes de abril, en un contexto donde varios amparos judiciales han frenado parcialmente su implementación.
Desde la Casa Rosada aseguraron que no habrá cambios de fondo en el contenido de la ley aprobada, aunque se busca reforzar técnicamente los aspectos más cuestionados para reducir márgenes de impugnación. La estrategia legal está coordinada entre la Procuración del Tesoro y la Secretaría de Legal y Técnica, con el objetivo de unificar los procesos judiciales y, de ser necesario, llevar la discusión hasta la Corte Suprema.
El circuito de reglamentación involucra a las áreas de Desregulación y Transformación del Estado, Economía, Trabajo y la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), esta última con funciones clave en registración laboral y seguridad social. Entre los puntos prioritarios figura la reglamentación del Fondo de Asistencia Laboral (FAL).
Además, el decreto deberá precisar aspectos sensibles como su aplicación a relaciones laborales existentes, los sistemas de pago para trabajadores sin relación de dependencia y las condiciones de seguridad social para contratos a tiempo parcial. La aceleración de la reglamentación se enmarca también en una estrategia más amplia que incluye el acuerdo de transferencia de competencias laborales a la Ciudad de Buenos Aires.