En una audiencia judicial, una perito del Cuerpo de Investigaciones Fiscales presentó un informe técnico que detalla una serie de irregularidades en la administración financiera del municipio de San Lorenzo durante 2018 y 2019.
La denuncia fue impulsada por el actual intendente de San Lorenzo tras asumir su primer mandato y ordenar una auditoría sobre la gestión de su antecesor, Ernesto Gonzá. La fiscal penal Claudia Geria representó al Ministerio Público Fiscal en la audiencia de juicio contra exfuncionarios del municipio, acusados por distintos delitos en perjuicio de la administración pública.
El tribunal, integrado por los jueces Federico Diez (presidente), Paola Marocco y Francisco Mascarello, escuchó este viernes a los últimos testigos. Se destacó la exposición de la perito contable del Cuerpo de Investigaciones Fiscales (CIF), quien presentó una serie de conclusiones técnicas basadas en la documentación analizada.
En primer término, la experta señaló que no se encontraban presentadas las Cuentas Generales del Ejercicio correspondientes a los años 2018 y 2019, ni existían registros completos de Ejecución Presupuestaria, lo que impidió verificar la planificación y aplicación de los recursos públicos. Tampoco se halló documentación suficiente para reconstruir la ejecución del gasto en esos períodos.
En relación a las contrataciones, la perito indicó que no se encontró respaldo que acredite procedimientos legales de adquisición de bienes. No se verificaron licitaciones, concursos ni contrataciones directas justificadas, detectándose compras de distintos bienes —como tablets, televisores, estufas y una camioneta— sin cumplimiento de los mecanismos exigidos.
Respecto del control patrimonial, sostuvo que no existía inventario de bienes ni registros que permitieran identificar su incorporación, valor, ubicación o responsables, lo que impidió determinar su trazabilidad.
Uno de los puntos centrales fue el manejo de fondos en efectivo. La perito detectó un sistema de vales y recibos para registrar salidas de dinero, sin respaldo suficiente, y señaló la existencia de referencias cruzadas entre distintos destinatarios en esos instrumentos. Asimismo, se identificaron erogaciones bajo conceptos no presupuestarios, como “campaña electoral”, “apertura campaña” y “elecciones”. La experta remarcó que el uso de efectivo no era el mecanismo adecuado para este tipo de pagos y afirmó que no existían controles básicos como arqueos de caja o conciliaciones bancarias.
También explicó que los ingresos municipales deben ser depositados diariamente, aunque de la documentación analizada surgió un uso reiterado de dinero en efectivo por fuera del circuito bancario.
En cuanto a los fondos destinados a programas sociales, indicó que existían saldos pendientes en años anteriores, pero advirtió que la situación se agravó hacia el final del período, cuando prácticamente no se registraron rendiciones. Respecto de las retenciones impositivas, señaló que el municipio no ingresó en tiempo y forma los montos retenidos a proveedores.
Como conclusión, la perito sostuvo que la administración municipal presentaba un sistema caracterizado por el uso intensivo de efectivo, la ausencia de controles, la falta de documentación respaldatoria y el incumplimiento de las normas legales.
Tras la investigación de la Unidad de Delitos Económicos Complejos (UDEC), el exintendente Ernesto Fernando “Kila” Gonzá fue imputado como autor de los delitos de peculado, incumplimiento de los deberes de funcionario público y negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función. El contador Rogelio Guaymás está acusado por peculado e incumplimiento de los deberes de funcionario público. En tanto, Aldo Dalmiro Gonzá está imputado por peculado, en calidad de partícipe necesario.
Se prevé que entre el lunes y el martes de la próxima semana se lleven a cabo las declaraciones de los imputados y los alegatos de las partes.