La ley de “inocencia fiscal” está vigente desde el primer día hábil de enero. Sin embargo, las causas judiciales por evasión se reactivaron con el inicio de la actividad judicial, a comienzos de febrero, y según un relevamiento de La Nación, en lo que va de este mes se dio un masivo cierre de expedientes: comenzaron a caerse a un ritmo de entre 15 y 20 por día, o incluso más en algunos casos.
Es que con la nueva ley, número 27.799, la evasión simple pasó de $1.500.000 a $100.000.000 y la agravada, de $15.000.000 a $1.000.000.000, un aumento del 6567%. El delito de evasión a través de terceros, en tanto, creció un 9900%, al pasar de $2.000.000 a $200.000.000.
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La ley, aprobada junto al presupuesto 2026, incrementó en un 3000% los montos mínimos a partir de los cuales se configuran los delitos tributarios. Así, la enorme mayoría de las causas activas que tramitan ante el fuero Penal Económico, según fuentes a las que consultó La Nación, quedaron fuera del ámbito penal: ya no son objeto de investigación por parte de los juzgados.
Los funcionarios judiciales consultados indicaron que son muy pocas las causas que superan los montos establecidos por ley.
De acuerdo al relevamiento son por lo menos dos las vías por las que este grupo de causas deja de ser objeto de investigación penal: o los abogados defensores presentan un escrito en el que piden quedar al amparo de la nueva ley o son los propios jueces, basados en el principio constitucional de la ley penal más benigna, quienes actúan de oficio y cierran los expedientes.
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Los fiscales, en esa línea, o no apelan la decisión de los magistrados o bien hacen caer la acusación.
ARCA, a favor de la aplicación de la «ley penal más benigna»
En su primer instructivo de 2026, la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), a cargo de Andrés Vázquez, ordenó la aplicación “universal e irrestricta” del principio de la ley penal más benigna y el reconocimiento de los nuevos montos mínimos en la causas ya iniciadas.
Como en otras áreas del derecho penal, hay al menos dos posiciones sobre la ley que promueve esta especie de “amnistía fiscal”: por un lado quienes cuestionan la ley sostienen que los nuevos montos son demasiado elevados y que se trata de un perdón para los que antes se consideraban evasores y por el otro lado los partidarios argumentan que con esta ley el Estado concentra sus esfuerzos y recursos en perseguir penalmente solo a los “grandes evasores” y que el resto de los casos no quedan impunes, sino que se abordan desde una perspectiva administrativa, con sanciones o multas.
BK/ff