domingo, 17 agosto, 2025
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Obra pública, infraestructura vial y productividad nacional

En el corazón del debate económico actual, donde se delibera sobre el rol del Estado y la asignación de sus recursos, emerge un factor de vital importancia para el desarrollo de nuestro país: la seguridad vial, productividad de las empresas, la competitividad del comercio y el aporte estratégico del Estado a la infraestructura. Lo que no se construye en el presente deteriora el futuro. Lejos de ser un gasto superfluo, la inversión pública en infraestructura, y particularmente en la red vial, constituye la columna vertebral que impulsa la eficiencia económica, el federalismo, reduce costos y facilita el intercambio.

Un informe del Instituto Argentina Grande (IAG), con datos de la Dirección Nacional de Vialidad, revela un panorama preocupante: en 2019, casi la mitad (49,7%) de los kilómetros de rutas nacionales pavimentadas estaban en estado “bueno”. Esta situación mejoró a un 55% en 2022, y se inauguraron 1.209 kilómetros de nuevas autopistas y rutas. Sin embargo, la gestión actual (2024) ha revertido esta tendencia de manera vertiginosa. La proporción de rutas en “buen estado” cayó al 47,5%, mientras que las rutas en “mal estado” aumentaron al 29%. En solo un año, se perdieron 7,5 puntos en la categoría “bueno” respecto a 2022. Hoy, un tercio de la red vial nacional se encuentra en malas condiciones, y menos de la mitad en estado óptimo.

Este deterioro es el resultado directo de una desinversión sin precedentes en el gasto de capital del Estado nacional. Mientras que en 2019 representaba el 1,1% del PIB nacional (aunque había caído casi al 0% para fin de ese año por la presión del FMI) y en 2022 el 1,6%, en 2024 esta cifra se desplomó a solo el 0,4% del PIB. Los gastos de capital cayeron un promedio del 82% en 2024 acumulado, a precios constantes, y las proyecciones para 2025 no auguran recuperación, al contrario. Hoy el Estado nacional invierte 3,5 dólares por mes por habitante en obra pública, y en 2023, más de 20 dólares. La relación en dólares tampoco cierra.

Esta desatención tiene un costo monumental: el mantenimiento anual del sistema de rutas de Argentina se estima en US$ 4.213 millones, pero el costo de recuperar la infraestructura actual, si no se cuida, asciende a la asombrosa cifra de US$ 40.773 millones para todo el sistema (incluye provinciales), y US$ 23.240 millones específicamente para las rutas nacionales. La ausencia de un mantenimiento regular acelera el deterioro, lo que incrementa la necesidad de futuras inversiones costosas en reparaciones de emergencia y reconstrucción total. La conservación de la infraestructura vial en la Argentina requiere una inversión sostenida y planificada.Cabe destacar que en 2024 el gobierno de Milei pagó 376 millones de dólares desde Vialidad, menos del 10% de lo indicado.

Productividad y competitividad. Desde fines de 2023, la inversión pública real muestra una contracción profunda, con niveles que se mantienen muy por debajo del promedio histórico, mientras que la actividad económica agregada y la producción industrial registran variaciones mucho más acotadas. Este patrón evidencia que el ajuste fiscal se concentró de forma desproporcionada sobre el gasto de capital, interrumpiendo obras y afectando sectores claves como la construcción y la provisión de bienes de capital. La economía recuperó niveles de 2023 pero en base a una reconfiguración estructural que habla de una reprimarización (estadísticamente influida por la sequía y los extractivismos).

La “lógica del ajuste” que ha llevado a esta dramática desinversión pasa por alto un principio fundamental de la economía: el poder de los multiplicadores fiscales, especialmente en el gasto de capital. Un multiplicador fiscal elevado significa que una expansión del gasto público puede generar un aumento del PBI y de la actividad económica en una magnitud mayor al shock inicial, traccionando la demanda agregada privada.

Los estudios para Argentina demuestran que la inversión en obras públicas tiene un efecto multiplicador más alto que otras formas de gasto. De hecho, el multiplicador del gasto en capital puede superar la unidad, alcanzando valores de más de 2,8 e incluso cercanos a 5,5 en algunos escenarios (según algunos apuntes del BCRA pensando en la pospandemia). La evidencia para Argentina, además, muestra que no se observa el efecto negativo de “expulsión” (crowding out) que a menudo se esgrime en visiones económicas más conservadoras.

La inversión se traduce en mayor productividad y competitividad: menores costos y eficiencia operativa, una red vial moderna y en buen estado reduce los costos de transporte de bienes transables y materias primas. Menos tiempo en tránsito, menor desgaste de vehículos y menos accidentes (lo que por sí solo ya justifica las inversiones) que se traducen en ahorros directos para empresas, desde el productor agrícola que lleva cosechas al mercado hasta la industria que distribuye sus productos. Esta eficiencia operativa mejora la productividad de toda la cadena de valor. Por supuesto, el régimen macro y cambiario debe acompañar, pero no nos vayamos de tema.

Logística y acceso a mercados: la infraestructura de transporte es clave para una logística eficiente. Planificación central, fluidez y buen estado vial permiten a las empresas optimizar sus rutas de distribución.

Innovación: la inversión pública complementa y estimula la inversión privada y la dotación tecnológica.

Empleo directo e indirecto: la construcción es intensiva en mano de obra. Genera empleo directo para ingenieros, obreros y técnicos, y una vasta red de empleos indirectos en industrias proveedoras (cemento, acero, maquinaria) y servicios locales (alojamiento, alimentación, comercio) en las localidades cercanas a las obras.

La búsqueda de una baja inflación como objetivo único, sin una coordinación con una política fiscal que impulse la inversión, tiene un alto costo en términos de crecimiento futuro. Además, es irracional en lo económico, por cuanto esta misma multiplicación hará que mejore la recaudación estatal, refinanciando esa inversión. La destrucción es más rápida que la regeneración de lo perdido.

*Investigador del Instituto Argentina Grande (IAG).

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