La Fiscalía Penal 2 de Metán informó la detención de un segundo implicado en una causa por fraude millonario vinculado a la compra de equipos de diagnóstico por imágenes.
Un profesional de la salud de la ciudad de Metán denunció en marzo haber sido defraudado mediante la compra ficticia de equipos de diagnóstico por imágenes de alta complejidad. El damnificado realizó desembolsos económicos por un total de $110 millones a personas que simularon solvencia comercial pero nunca completaron la entrega de los elementos.
La Fiscalía Penal 2 de Metán informó la detención de un segundo sospechoso en la provincia de Córdoba y modificó la calificación jurídica inicial de la causa. El fiscal Gonzalo Gómez Amado dispuso la ampliación de los cargos al considerar que los involucrados formaban parte de una organización delictiva coordinada.
Según informó Fiscales Penales, los dos hombres, de 41 y 62 años, quedaron imputados formalmente en calidad de coautores del delito de asociación ilícita. El primero de los acusados ya cumplía una medida de prisión preventiva tras ser capturado en las primeras instancias de la investigación judicial.
El segundo implicado fue localizado y aprehendido mediante una orden de allanamiento efectuada por las fuerzas de seguridad en territorio cordobés. No obstante, todavía permanecen prófugas otras dos personas que se encuentran identificadas dentro del expediente.
El proceso de captación de la víctima comenzó en abril de 2025 a través de reuniones presenciales donde se pactó la provisión de equipos de rayos X y digitalizadores. Los imputados fijaron un plazo de entrega de dos meses y solicitaron pagos sucesivos en efectivo, transferencias bancarias, pesos y dólares.
Los imputados interrumpieron la comunicación tras entregar únicamente una sección de un digitalizador de imágenes y exigir nuevos adelantos financieros de manera reiterada. Ante los reclamos, el damnificado acudió a las autoridades para radicar la denuncia por el incumplimiento de la operación comercial.
Para el cambio de calificación, la fiscalía analizó declaraciones testimoniales, registros de comunicaciones telefónicas, movimientos bancarios y los elementos secuestrados en los operativos. Los peritajes permitieron establecer el funcionamiento de una estructura de cuatro integrantes dedicada a cometer fraudes.