El fiscal penal Ramiro Ramos Ossorio detalló las 40 denuncias formales contra el abogado Santiago Pedroza, detenido por presuntas estafas en la comercialización de terrenos inhabitables en la zona de Atocha, Salta.
Esta semana se detuvo al abogado Santiago Pedroza en el marco de una causa por presuntas estafas en la comercialización de terrenos inhabitables en la zona de Atocha. El letrado fue imputado provisoriamente por los delitos de usurpación de propiedad en grado de tentativa, ejercicio ilegítimo de una actividad reglada, falsedad ideológica, 40 hechos de estafa en concurso real y asociación ilícita en calidad de jefe.
El fiscal penal Ramiro Ramos Ossorio resumió el desarrollo de la audiencia de imputación y las determinaciones sobre la situación de reclusión del acusado. Detalló las medidas cautelares aplicadas y las características técnicas de las parcelas que se ofrecían a las familias damnificadas. El acusado podría recibir hasta 5 años de pena.
Ramos Ossorio especificó los términos de la restricción de la libertad que el tribunal fijó para el sospechoso en función de su estado de salud. “Le otorgó efectivamente un arresto domiciliario, lo que quiere decir que está privado de la libertad, pero no está en un establecimiento común, sino en su domicilio en estos momentos con consigna policial fija y posteriormente apenas se habilite con el monitoreo electrónico”, explicó.
Asimismo, el funcionario judicial ratificó las irregularidades catastrales y dominiales que presentaban las tierras del predio denominado «Las Victorias». “Los terrenos pertenecen al lecho o a la vera del río que había ganado terreno a partir de que se cambió, se modificó el cauce y, una vez que eso ocurre, y que el río abandonó ese sector, esta propiedad pertenece o a los propietarios ribereños o bien al estado municipal o provincial según corresponda”, describió Ramos Ossorio.
El fiscal remarcó la falta de aptitud habitacional de las parcelas comerciales y la imposibilidad legal del imputado para disponer de dichos espacios geográficos. “No eran de él y no tenía capacidad ni legal para reivindicarlos en un futuro o para poder brindar algún tipo de derecho a quienes les prometía esto”, argumentó.
Finalmente, Ramos Ossorio proyectó los plazos de la investigación preparatoria antes del requerimiento de elevación de la causa a debate oral. “Al día de la fecha solamente estamos trabajando sobre 40 denuncias que son las que nosotros hemos tenido la radicación formal de la denuncia y sobre las cuales podemos trabajar con ese contexto, es decir, en esa base fáctica, estimamos en 90 días concluir con la investigación”, concluyó.