Tras el anuncio del Gobierno nacional y el ENACOM sobre el bloqueo de celulares en cárceles federales, la abogada especialista en ciberseguridad Mercedes Robinson Liquin explicó los alcances de la medida y señaló que el wifi clandestino sigue siendo un punto vulnerable.
Tras el anuncio del Gobierno nacional y el ENACOM sobre el bloqueo de celulares, chips y líneas telefónicas dentro de cárceles federales, la abogada especializada en ciberseguridad Mercedes Robinson Liquin explicó cómo funciona el sistema y advirtió que, pese a la tecnología, el principal punto vulnerable sigue siendo “la confianza humana”.
En diálogo con InformateSalta, la especialista detalló que existen dos métodos para impedir las comunicaciones ilegales desde los penales. El primero, y más antiguo, es el uso de inhibidores de señal, dispositivos que generan interferencias electromagnéticas para cortar la cobertura celular dentro de un edificio. Sin embargo, explicó que este sistema suele generar problemas colaterales. “La señal no reconoce paredes. En lugares como Villa Las Rosas, un inhibidor potente puede terminar afectando también a vecinos o personas que circulan cerca del penal”, sostuvo.
Por eso, el nuevo esquema impulsado por Nación apunta directamente al bloqueo de IMEI e IMSI, es decir, al bloqueo tanto del dispositivo como del chip telefónico. “El IMEI es como el DNI del teléfono y el IMSI identifica a la tarjeta SIM. Si se bloquean ambos, el aparato queda inutilizado y el chip no puede volver a utilizarse ni siquiera en otro equipo o en otro país”, explicó.
Según detalló Robinson Liquin, el procedimiento funciona mediante la detección de dispositivos activos dentro de la cárcel. Luego, el Ministerio de Seguridad remite esos datos a las empresas de telefonía, que están obligadas a ejecutar el bloqueo y conservar registros de cada intervención.
No obstante, aclaró que esta medida no resuelve todos los escenarios posibles. “El bloqueo actúa sobre la red celular, pero no cierra la puerta del wifi. Si dentro del penal se instala clandestinamente un router, aplicaciones como Whatsapp, Telegram o Signal pueden seguir funcionando”, advirtió.
En ese sentido, indicó que para impedir completamente las comunicaciones digitales sería necesario implementar sistemas más complejos de inhibición selectiva de Wifi y Bluetooth.
Respecto a los delitos que suelen cometerse desde las cárceles mediante celulares, señaló que las modalidades más frecuentes son las estafas telefónicas, extorsiones, amenazas y maniobras vinculadas al narcotráfico o lavado de activos.
Además, mencionó un reciente fallo judicial que generó fuerte impacto en el ámbito jurídico argentino: el caso de un preso alojado en Florencio Varela que fue condenado por grooming y abuso sexual sin contacto físico, tras manipular durante años a una menor de 12 años a través de redes sociales. “Nunca salió de la cárcel, pero logró ejercer un cautiverio psicológico sobre la víctima mediante herramientas digitales”, explicó.
Sobre el debate legal alrededor del bloqueo de dispositivos, Robinson Liquin sostuvo que las personas privadas de su libertad conservan el derecho a comunicarse con familiares y defensores, aunque aclaró que eso debe realizarse mediante canales autorizados. “El bloqueo no prohíbe la comunicación. Lo que se busca impedir es el uso clandestino e ilegal de celulares para cometer delitos”, remarcó.
Para la especialista, el gran problema detrás de las estafas telefónicas no es tecnológico, sino humano. “No hace falta hackear un teléfono si podés hackear la cabeza de una persona”, afirmó. Explicó que muchas de estas maniobras utilizan técnicas de ingeniería social, mediante llamadas, mensajes o correos que generan urgencia, miedo o curiosidad para que la víctima actúe sin pensar.
“Los delincuentes perfeccionan guiones, practican respuestas y aprenden a sonar empáticos. Incluso ahora, con herramientas de inteligencia artificial, ya es posible clonar voces”, alertó.
Finalmente, dejó una serie de recomendaciones básicas para evitar caer en este tipo de engaños: activar siempre la verificación en dos pasos, no compartir códigos enviados por WhatsApp o SMS, desconfiar de llamados urgentes y cortar cualquier comunicación sospechosa para verificar por medios oficiales.
“La mejor defensa es desarrollar criterio y sospecha digital. Frenar un segundo antes de compartir información puede evitar problemas muy graves”, concluyó.