Una iniciativa del Gobierno nacional para modificar la Ley de Discapacidad, que incluye un reempadronamiento y cambios en el financiamiento, es analizada en el Congreso mientras asociaciones del sector expresan sus críticas.
El Gobierno nacional envió al Congreso un proyecto de ley denominado «Contra el fraude de pensiones por invalidez», que propone modificar la Ley de Emergencia Nacional en Discapacidad N° 27.793. La iniciativa incluye un reempadronamiento obligatorio, cambios en el financiamiento de prestaciones y una posible reestructuración del sistema.
En este contexto, desde distintos sectores vinculados a la discapacidad surgieron cuestionamientos. Ademar Aanachuri, presidente de la Asociación de Transporte de Discapacidad, expresó su preocupación por el impacto de la medida en diálogo con Radio LUP 94.7. El dirigente hizo referencia a la falta de incentivos para la inclusión laboral: «Se deberían generar beneficios para que las empresas puedan tomar personas con discapacidad e incluirlas en trabajos que pueden hacer».
Uno de los puntos más sensibles del proyecto, según explicó, es la posible eliminación del nomenclador nacional, una herramienta que fija los valores de las prestaciones en todo el país. «Es una tabla que define cuánto deben cobrar terapeutas y centros. Si se desregula, cada obra social pagará lo que quiera», advirtió. En ese sentido, alertó sobre las consecuencias: «Muchas personas van a quedar sin cobertura en prestaciones, sin centros terapéuticos, sin transporte. Eso es lo realmente grave».
Aanachuri también remarcó el impacto en quienes trabajan en el sector: «Si las personas con discapacidad quedan sin prestaciones, el prestador, por lógica, va a quedar sin trabajo». Finalmente, sostuvo que el contexto actual es crítico: «Se están viviendo momentos muy difíciles y se está golpeando muy fuerte a todo el sector de la discapacidad».
El proyecto aún debe ser debatido en el Congreso, pero ya genera preocupación en distintos ámbitos vinculados a la salud, la inclusión y el trabajo.