Un adolescente identificado como responsable de amenazas en instituciones educativas deberá cumplir con una serie de condiciones, incluyendo disculpas públicas y una donación económica mensual por parte de su familia.
Tras una serie de amenazas de tiroteos y mensajes intimidatorios que afectaron a instituciones educativas de nivel medio en Salta, la Justicia dictó las primeras medidas contra uno de los jóvenes identificados como responsable. La información fue proporcionada por el Poder Judicial de Salta.
El juez en lo Penal Juvenil y de Garantías 3, Hugo Alejandro Fernández Esteban, resolvió otorgar al adolescente el beneficio de la suspensión del juicio a prueba. Durante una audiencia, el magistrado estableció reglas de conducta y medidas socioeducativas de cumplimiento estricto.
Entre las obligaciones impuestas, el joven deberá realizar disculpas públicas dirigidas a las autoridades del establecimiento educativo en sus tres turnos. Además, tendrá que relatar ante sus compañeros de aula la experiencia vivida y las consecuencias de su tiempo de detención.
En concepto de reparación del daño causado a la comunidad, la familia del adolescente deberá realizar una donación mensual de una suma fija de dinero. Estos fondos estarán destinados al Instituto Especializado de Alojamiento 1.
Asimismo, el juez ordenó que el implicado se someta a un tratamiento psicológico obligatorio durante un año. Durante este período, deberá acreditar un comportamiento ejemplar y abstenerse del consumo de bebidas alcohólicas o sustancias psicoactivas.
Finalizado el acto judicial, se dispuso la inmediata libertad del menor, quien fue entregado bajo la responsabilidad legal y custodia de su madre. La institución educativa organizará la logística para que el estudiante cumpla con su descargo frente a sus pares.