El Ejecutivo nacional presentó un recurso excepcional ante el máximo tribunal para que deje sin efecto la medida cautelar que suspendió 83 artículos de la Ley de Modernización Laboral, en un caso que combina aspectos judiciales y políticos.
La reforma laboral volvió al centro de la escena judicial luego de que el Gobierno nacional presentara un recurso extraordinario ante la Corte Suprema de Justicia. El objetivo es que el máximo tribunal deje sin efecto la suspensión de 83 artículos de la Ley de Modernización Laboral, ordenada por un juzgado nacional del trabajo.
La presentación fue realizada por la Procuración del Tesoro de la Nación mediante un recurso de «per saltum», una vía excepcional que permite acudir directamente a la Corte Suprema, saltando instancias intermedias. Se busca revertir la medida cautelar dictada por el Juzgado Nacional del Trabajo N° 63 el pasado 30 de marzo, tras una demanda de la CGT.
Desde el Gobierno se argumenta que la reforma no puede quedar sujeta a una decisión de primera instancia con alcance nacional. El procurador del Tesoro, Sebastián Amerio, actuando en representación de la Secretaría de Trabajo, sostiene que el juez laboral carecía de competencia para suspender una ley nacional, ya que el caso -por su alcance general- debería tratarse en el fuero federal.
Otro eje del planteo oficial es que la CGT no habría demostrado un perjuicio real y específico que justifique la intervención judicial, presentando argumentos calificados como abstractos. Además, se cuestiona la legitimación de la central obrera para representar a la totalidad de los trabajadores.
La Procuración insiste en que el caso debe tramitar en el fuero contencioso administrativo federal, donde ya hay una presentación en el Juzgado N° 12, que aceptó intervenir pero aún no resolvió sobre la cautelar.
El Gobierno calificó la situación como de «gravedad institucional extrema», advirtiendo que permitir que un juez de primera instancia suspenda una ley nacional representa un riesgo para el sistema democrático y el principio de división de poderes.
La medida cautelar fue dictada por el juez Raúl Horacio Ojeda, quien hizo lugar al pedido de la CGT argumentando que las disposiciones suspendidas podrían vulnerar derechos constitucionales. La Procuración considera que el fallo presenta irregularidades.
El objetivo del recurso es que la Corte Suprema intervenga de manera urgente para restituir la plena vigencia de la reforma laboral en todo el país, alegando que la suspensión genera incertidumbre y afecta la seguridad jurídica. La definición queda ahora en manos del máximo tribunal.