Especialistas del Observatorio de Violencia contra las Mujeres plantearon que la iniciativa, que busca endurecer penas, podría generar revictimización y dificultar el acceso a la justicia. Proponen priorizar políticas de prevención basadas en evidencia.
En el marco de la discusión de un proyecto nacional que propone endurecer las penas por denuncias falsas, especialistas del Observatorio de Violencia contra las Mujeres manifestaron su preocupación por el posible impacto negativo en víctimas de violencia de género y delitos sexuales.
La socióloga Ana Pérez Declercq señaló que, si bien las denuncias falsas existen y generan daño, ya están contempladas en el Código Penal. Consideró que una reforma específica podría resultar «excesiva», especialmente ante la falta de datos estadísticos concretos sobre su incidencia en casos de violencia de género.
«El porcentaje que se maneja es de alrededor del 3% de denuncias falsas a nivel nacional, pero no hay estadísticas concretas en casos de violencia de género, porque muchas causas se archivan sin precisar el motivo», explicó Declercq en diálogo con InformateSalta.
La especialista remarcó que no se puede equiparar una denuncia falsa con una causa sin pruebas suficientes. Destacó el contexto de vulnerabilidad de las víctimas, donde muchas veces las denuncias se retractan no por falsedad, sino por presiones o miedo dentro del ciclo de la violencia.
Declercq alertó que el endurecimiento de las penas podría tener un efecto contraproducente: «Puede generar revictimización, porque si se pone en duda la palabra de quien denuncia, se la deja en una situación de mayor desamparo». En el caso de los delitos contra la integridad sexual, sostuvo que el temor a no ser creídas o a ser acusadas de mentir dificulta aún más el acceso a la justicia.
Como contrapunto, planteó que el debate debería centrarse más en políticas públicas preventivas y de acompañamiento a las víctimas. «Sabemos que una persona tarda en promedio siete años en denunciar. Entonces, el desafío es cómo generar condiciones para que se animen a hablar y sean acompañadas», indicó.
En ese sentido, destacó la importancia de programas que ya demostraron resultados positivos, como las políticas de educación sexual y prevención. «En Salta, por ejemplo, se logró reducir significativamente el embarazo adolescente. Hay herramientas que funcionan y es ahí donde deberían ponerse los recursos», remarcó.
Finalmente, llamó a que las iniciativas legislativas se basen en evidencia y datos concretos. El proyecto continúa en discusión a nivel nacional, generando posiciones encontradas entre quienes impulsan penas más duras y quienes advierten sobre los riesgos para las víctimas de violencia.