El tránsito en un tramo de la ruta provincial 12, en Chubut, permanece restringido a la altura de Gualjaina, a unos 60 kilómetros de Esquel, luego de que vecinos instalaran una tranquera metálica para limitar la circulación.
La insólita medida se enmarca en una disputa territorial, que generó el aislamiento de algunas familias de la zona que utilizan ese camino para trasladarse hacia localidades cercanas.
En un primer momento, versiones recogidas en el lugar apuntaban a un supuesto inversor extranjero que habría adquirido tierras y ordenado bloquear el paso. Sin embargo, esa hipótesis fue descartada por una pobladora que asumió la colocación de la estructura y aseguró que el tránsito “no está impedido”.
Luciana Zárate, propietaria de un campo atravesado por el trazado, sostuvo que la circulación “nunca se cortó” y negó la participación de un ciudadano norteamericano.
“Somos los dueños de los campos, gente trabajadora, y el camino pasa por nuestra propiedad”, expresó. Desde el gobierno provincial confirmaron que la ruta atraviesa terrenos privados, lo que complejiza la situación legal.
Mientras imágenes de la tranquera se viralizaban en medios patagónicos, algunos vecinos denunciaron la presencia de estructuras que dificultan el paso e incluso hablaron de personas que impedirían la circulación. Zárate rechazó esas versiones, y afirmó que el portón “no tiene candado” y que el acceso no está bloqueado.
La propietaria argumentó que, al encontrarse el asfalto dentro de su campo, el Estado debería avanzar en un proceso de expropiación para garantizar su uso público. “Hasta que eso no ocurra, la tranquera va a seguir ahí”, señaló. También justificó la medida como una forma de prevención ante reiterados robos de ganado en la zona.
El conflicto no sólo enfrenta a los pobladores con las autoridades de Chubut, sino también con vecinos afectados por las restricciones, que denuncian haber quedado aislados. “Es grave que se limite el acceso a un camino que debería ser público”, expresaron en redes sociales, aunque el caso aún no tuvo intervención judicial.
La situación también generó repercusiones en comunidades de la región, que cuestionaron la falta de una respuesta rápida por parte del Estado provincial. “Si hubiésemos sido nosotros, ya nos habrían desalojado”, señalaron voceros mapuches.
Desde el Ejecutivo chubutense reconocieron que existe un litigio sin resolver vinculado a la regularización de las tierras. Según indicaron, la ruta provincial 12 atraviesa propiedades privadas y el proceso de expropiación nunca se completó, ya que la obra quedó inconclusa. En ese contexto, quienes restringieron el paso “podrían haber actuado dentro de sus derechos”, mientras el conflicto continúa sin una solución definitiva.