Un senador provincial presentó en la legislatura de Mendoza un proyecto de ley que propone modificar diversas reglas del sistema penitenciario. La iniciativa plantea que los presos utilicen uniformes de color naranja y que se prohíba el uso de zapatillas deportivas dentro de los establecimientos carcelarios.
La propuesta busca reforzar los controles de seguridad en cárceles, alcaidías y centros de detención transitoria de toda la provincia, tomando como referencia modelos aplicados en otros países y experiencias recientes dentro de Argentina.
El uso de uniformes naranjas en las cárceles
El proyecto sostiene que la utilización de mamelucos color naranja, una práctica habitual en cárceles de Estados Unidos, permitiría identificar con mayor rapidez a las personas privadas de libertad.
La iniciativa sigue una línea similar a la aplicada en Santa Fe, donde desde 2024 los detenidos considerados de “alta peligrosidad” deben utilizar uniformes de ese mismo color.
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El proyecto propone distinas revisiones en el sistema pnitenciario.
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Según el texto legislativo, el objetivo es evitar situaciones en las que los internos puedan confundirse con civiles durante eventuales fugas.
“La actual permisividad de la vestimenta civil dentro de las alcaidías y cárceles atenta contra el principio de identificación inmediata. La experiencia comparada y la criminología moderna demuestran que el uso de uniformes de alta visibilidad (mamelucos color naranja internacional) reduce drásticamente las posibilidades de una fuga exitosa”, indica el documento.
Prohibición de zapatillas deportivas
Otro punto central del proyecto propone impedir el uso de calzado deportivo de propiedad privada dentro de las unidades penitenciarias. El texto argumenta que ese tipo de calzado facilita intentos de escape.
“El calzado deportivo de propiedad privada, diseñado para la tracción, la carrera y la escalada, es una herramienta que facilita la huida”, señala la iniciativa.
En su lugar, se plantea que el sistema penitenciario provea calzado monomaterial sin cordones, con características que reduzcan la posibilidad de fuga.
Los internos pagarían su uniforme
El proyecto también establece que los propios internos deberían afrontar el costo del uniforme y del calzado que utilicen dentro del sistema penitenciario.
Según el senador Gabriel Rostand, autor de la iniciativa, la medida busca reducir la carga sobre las finanzas públicas.
“El sostenimiento del sistema penitenciario no debe recaer exclusivamente sobre el contribuyente mendocino, especialmente en elementos de uso personal y obligatorio”, sostiene el texto.
Y agrega: “La asunción de este costo por parte del sujeto privado de libertad no solo alivia el erario público, sino que funciona como un mecanismo de internalización de las cargas que genera su situación procesal”.
El Ministerio de Seguridad y Justicia de Mendoza sería el encargado de fijar los precios de la indumentaria, tomando como referencia costos de producción o valores mayoristas.
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El proyecto también establece que los propios internos deberían afrontar el costo del uniforme y del calzado que utilicen dentro del sistema penitenciario.
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Nuevas reglas dentro de las cárceles de Mendoza
La iniciativa también contempla otras medidas vinculadas a la organización del sistema penitenciario:
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Prohibición de prendas civiles dentro de las zonas de alojamiento y circulación de los penales.
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Uso obligatorio del uniforme durante traslados fuera de las unidades penitenciarias.
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Inventario y custodia de la ropa personal de los detenidos al ingresar al sistema.
Las pertenencias quedarían almacenadas en depósitos del servicio penitenciario y serían devueltas al momento de recuperar la libertad.
El antecedente en Santa Fe
El proyecto menciona como antecedente la política aplicada en Santa Fe, donde desde 2024 los internos considerados de alta peligrosidad utilizan uniformes naranjas.
Ese grupo incluye a detenidos vinculados con organizaciones criminales complejas, narcotráfico o con antecedentes de agresiones, amenazas o ataques contra autoridades públicas.
La Resolución 008/2024 establece que los uniformes deben utilizarse cada vez que el interno sale de su lugar de alojamiento, ya sea para actividades dentro de la unidad o durante traslados externos.
Además, la normativa santafesina prohíbe que visitantes ingresen con ropa naranja para evitar confusiones dentro de los establecimientos penitenciarios.
También determina que los presos son responsables del cuidado y mantenimiento del uniforme, pudiendo aplicarse descuentos en su peculio en caso de daños o deterioro.