El ministro de Gobierno, Ignacio Jarsún, advirtió que los municipios salteños enfrentan una situación financiera crítica por la caída de la coparticipación federal y la recesión económica.
Salta atraviesa un escenario de alta incertidumbre donde la falta de fondos nacionales, la caída del consumo y el déficit de infraestructura desafían la respuesta de los sectores público y privado. La situación se agrava por la merma en la coparticipación federal, un factor que genera profunda preocupación en las administraciones municipales de toda la provincia.
El ministro de Gobierno, Ignacio Jarsún, trazó un diagnóstico crudo al asegurar que los municipios se encuentran actualmente al borde de un colapso financiero. Según el funcionario, la magnitud de la crisis económica es tal que este representa probablemente el peor momento histórico para ejercer funciones como gobernador o intendente.
Jarsún describió un escenario marcado por una fuerte recesión y un desplome directo en la recaudación del IVA, lo que condiciona los recursos proyectados para el año. “Cuando proyectás un año, te encontrás con que los recursos no llegan y la provincia tampoco puede asistir como antes porque atraviesa el mismo problema”, advirtió el ministro.
La crisis golpea con especial dureza a localidades como Rosario de Lerma y Pichanal, las cuales quedaron expuestas a una situación límite por la caída de la coparticipación. Jarsún denunció un traslado silencioso de responsabilidades desde la Nación, obligando a la provincia a cubrir programas de medicamentos oncológicos, el incentivo docente y el transporte público.
En materia de infraestructura, el ministro lamentó la paralización de proyectos estratégicos, como la planta depuradora sur, debido a la falta de pagos nacionales. Además, advirtió que el Estado ya no puede absorber todas las demandas ante la escasez de recursos financieros.
Finalmente, confirmó que Salta avanza en negociaciones para reprogramar deudas heredadas con el fin de garantizar compromisos básicos como el pago de sueldos y aguinaldos. El objetivo es aliviar la presión fiscal y extender los plazos de pago para evitar que la asfixia económica paralice por completo la gestión pública.