“Aunque políticas como la Asignación Universal por Hijo (AUH) ayudan a mitigar el riesgo alimentario, su impacto es limitado frente a factores estructurales persistentes, especialmente la precariedad laboral de los adultos”, explica un informe del Observatorio de la Deuda Social de la UCA sobre la inseguridad alimentaria en la infancia argentina, que ofrece datos desde 2010 hasta 2024, año en el que la cantidad de trabajadores no registrados representaba el 42% del total (0,8 puntos porcentuales más que en 2023). El estudio hace una diferenciación entre niñas, niños y adolescentes (NNyA) que viven en hogares cuyos jefes tienen un empleo pleno, precario, o están inactivos. En el segundo caso, la inseguridad alimentaria afectó al 51% de personas de 0 a 17 años, muy por encima de los valores de la última década, salvo por un pico del 53% durante la pandemia.
“Son sectores sociales que se han ido empobreciendo. De hecho, lo que se ve también, además de que aumenta la inseguridad alimentaria en los hijos de los trabajadores informales, precarizados o subempleados, es que hay un incremento en las clases medias bajas”, dijo a PERFIL Ianina Tuñón, una de las autoras del documento. “Los ingresos de estos hogares han cambiado su estructura de gastos. Tenemos un componente fuerte orientado al pago de servicios que antes no teníamos, con lo cual habría que revisar el cálculo de la canasta básica total”.
La investigación subraya que las estructuras familiares con adultos en situación de empleo informal, subempleo o desempleo registraron los niveles más altos de este défi-cit alimentario, una situación que se profundiza desde 2018. “Alcanzaron picos de 43% en 2019, 49% en 2020 y 51% en 2024, mostrando que resultan los hogares más afectados en el período reciente”, lo que confirma –advierten– una importante relación entre la inestabilidad laboral de los adultos y el acceso limitado a una alimentación adecuada.
“El estudio en ese marco es interesante porque revela cuál es el límite que tienen las transferencias de ingresos a la infancia para poder garantizar lo mínimo, como es la alimentación”, explicó Tuñón en referencia a instrumentos como la AUH. “Si bien claramente funcionan como protectoras, el componente del empleo aparece con mucha más fuerza como una desventaja”.
Del informe se desprende también que en 2024 el 16% de los niños experimentó insuficiencia alimentaria severa: un pico histórico desde 2010, dos puntos porcentuales por encima de 2023 e incluso superior al dato de pandemia (15%).
Las investigadoras definen como inseguridad alimentaria a la “falta de acceso regular a alimentos suficientes, seguros y nutritivos para el desarrollo activo y saludable de las personas”. También se hace una diferenciación en las maneras en las que puede manifestarse: leve (cuando existe una preocupación por no contar con alimentos), moderada (cuando ya existe una reducción en la cantidad o calidad) y severa (que hace referencia a la privación en la ingesta).
Esta falta de acceso a una alimentación adecuada, concluyen, tiene un fuerte impacto en la salud física, el desarrollo cognitivo, el crecimiento emocional y el rendimiento escolar. Sobre el rol de las instituciones educativas, el documento postula que es razonable suponer que el vínculo con el ámbito escolar podría influir indirectamente en el acceso a una alimentación adecuada. Pero, si bien esto funciona como un “factor protector”, el porcentaje de NNyA que asiste a la escuela regularmente y que aun así no logró completar los requerimientos nutricionales básicos se elevó al 35% en 2024, cuatro puntos por encima del porcentaje de 2023.
El 59% de las actividades para NNyA, sin ejecución presupuestaria en 2025. De las 73 actividades que aparecen destinadas a NNyA dependientes de diferentes programas de la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia, 43 presentan, al séptimo mes del año, nula ejecución. Es decir que, según consta en los datos del presupuesto abierto que pudo constatar PERFIL, el 59% de las acciones orientadas a atender los derechos de este grupo social no erogó ni un solo peso de los previstos para todo el ejercicio de 2025. En la mayoría de los casos el dinero consignado se redujo respecto a 2024, salvo en el de las “Acciones directas de promoción y protección de derechos”, que se incrementaron en un 19% (de $ 375 millones a $ 447 millones). Sin embargo, tampoco aparece ningún peso ejecutado para esta función.
En un contexto como el señalado más arriba, los fondos orientados a las políticas de apoyo de hogares en situación de vulnerabilidad social (con un presupuesto de $ 2.961 millones), el fortalecimiento de la política alimentaria para poblaciones vulnerables ($ 921 millones) y la asistencia para las situaciones de vulnerabilidad socio-habitacional ($ 50 millones), tampoco fueron utilizados en lo que va del año en curso.