La crisis de abastecimiento de combustibles en el país ha generado un enérgico cuestionamiento al desempeño de las instituciones del régimen masista. En respuesta a la ineficiencia del gobierno central, algunos empresarios cruceños han planteado una alternativa audaz. El sector pretende romper el monopolio estatal mediante la importación privada y la creación de una cooperativa de distribución.
Winter Hinojosa y German Richter, dos empresarios del sector, presentaron los estatutos de la futura Cooperativa Cruceña de Combustibles (CCC) al Comité Cívico Pro Santa Cruz. En su documento, argumentan que la falta de gestión gubernamental ha llevado a una crisis que afecta a productores y ciudadanos. Buscan apoyo para consolidar un modelo de distribución autónoma que garantice el suministro de carburantes.
La propuesta de la CCC contempla tres etapas. A corto plazo, importar combustibles directamente sin intermediación de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB). El costo estimado ronda entre 0,70 y 0,72 dólares por litro. A mediano plazo, implementar un sistema de maquila, procesando crudo en refinerías extranjeras para reducir costos. La propuesta plantea a largo plazo, construir una refinería en Santa Cruz que garantice un abastecimiento estable.
La iniciativa se inspira en cooperativas exitosas de Santa Cruz, como CRE, Saguapac y Cotas, que han demostrado eficiencia en la provisión de servicios básicos. Los impulsores del proyecto aseguran que la autogestión es la única vía viable ante la inoperancia estatal en el sector de hidrocarburos.
Paralelamente, la empresa Meraki Oil se posiciona como el primer actor privado con autorización para importar combustible bajo el Decreto Supremo 5218. Sin embargo, su operación aún depende de la licencia final de la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH). La empresa ya tiene asegurados 10 millones de litros de diésel listos para su ingreso desde Paraguay y Chile.
¿El régimen continúa trabando alternativas?
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Pero Meraki Oil enfrenta una limitación clave. Los surtidores que adquieran combustible importado no podrán vender carburantes subvencionados por YPFB. Esto restringe su mercado a grandes consumidores industriales y agrícolas, como empresas constructoras y productores soyeros.
En este contexto, el Comité Cívico Pro Santa Cruz ha exigido la liberación inmediata de la importación de combustibles. El pedido cívico señala que debe ser sin trabas burocráticas ni restricciones que desincentiven la participación privada. Argumentan que las regulaciones vigentes han impedido que el mercado privado pueda suplir la crisis de abastecimiento.
Stello Cochamanidis, presidente del Comité Cívico, ha denunciado que la escasez de combustible no se debe a problemas de distribución ni a un exceso de demanda. El problema surge por la falta de pago del gobierno a las empresas internacionales proveedoras de carburantes. Ha exigido una rendición de cuentas por parte de las autoridades.
La presión de los sectores productivos es creciente. Empresarios, gremialistas y transportistas han manifestado su respaldo a la iniciativa privada para importar combustibles sin restricciones. Argumentan que la escasez afecta gravemente la producción y el comercio en Santa Cruz.
La posibilidad de que YPFB adquiera combustibles importados por empresas privadas también ha sido planteada. Alejandro Serrate, gerente de Meraki Oil, ha expresado su disposición de vender a la estatal para paliar la crisis. No obstante, la falta de decisiones gubernamentales ha retrasado esta alternativa.
El debate sobre la necesidad de poner fin al monopolio estatal de los carburantes se intensifica. Mientras el gobierno mantiene el control absoluto del mercado, la crisis de abastecimiento persiste y golpea a los sectores productivos.
La CCC y otras iniciativas privadas buscan demostrar que la libre competencia podría garantizar un suministro más eficiente y estable. En los próximos días, se espera que el Comité Cívico convoque a una Asamblea de la Cruceñidad para definir nuevas estrategias de presión.
Santa Cruz se encuentra en un punto de inflexión y al borde del desastre. Si el gobierno no flexibiliza la normativa y permite una mayor participación privada, la crisis podría agravarse, afectando no solo a la región, sino a todo el país.