En medio de las redadas migratorias actuales que se realizan en todo Estados Unidos, hay dudas del poder que tienen las agencias migratorias. Los agentes de la Patrulla Fronteriza pueden ingresar a terrenos privados cercanos a la frontera, incluso sin una orden judicial, pero hay limitaciones importantes.
Según la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés), la normativa permite el acceso a terrenos privados dentro del límite de 40 kilómetros desde la frontera sin orden judicial.
Esta disposición facilita las labores de vigilancia y control migratorio en la zona. Sin embargo, en el caso de viviendas o edificaciones habitadas, los agentes requieren una orden judicial o el consentimiento expreso del residente. Aunque puedan ingresar a terrenos abiertos, no tienen permiso para realizar registros sin justificación legal ni dañar la propiedad privada.
El gobierno federal define una “distancia razonable” desde cualquier frontera externa del país como un área de 160 kilómetros. Dentro de esta franja, la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés) tiene facultades ampliadas para realizar controles migratorios sin necesidad de una orden judicial en ciertos casos.
Esta zona cubre aproximadamente dos tercios de la población de Estados Unidos e incluye ciudades como Nueva York, Los Ángeles, Chicago y Houston. Además, estados enteros como Florida, Maine y Hawái están completamente dentro de esta franja, lo que implica que la totalidad de su población puede estar sujeta a inspecciones migratorias.
CBP utiliza distintos métodos de vigilancia y control dentro de la franja de 100 millas, incluyendo:
A pesar de sus facultades ampliadas de la Patrulla Fronteriza, las personas dentro de esta zona mantienen sus derechos constitucionales.
La ACLU informa sobre los derechos que tienen las personas durante una interacción con la Patrulla Fronteriza: