La primera privatización del gobierno de Javier Milei tiene próxima fecha de festejo. Si bien ya se conocía al comprador de la empresa Impsa desde el principio –ARC Energy, una compañía estadounidense de dueños venezolanos-, se realizó una licitación pública cuyo último paso está planificado para el lunes próximo, aunque la formalización podría variar de acuerdo a la agenda del gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo. El proceso ya está en estado de disponibilidad para adjudicar, por lo que solo restan detalles técnicos para finalizar la venta.
Concretamente, el flujo de caja de Impsa y sus deudas generan suficientes problemas financieros como para que la empresa sea comprada por su nuevo dueño a un precio simbólico de US$20.000 que ingresarán al Fondo Nacional de Desarrollo Productivo. Claro está, deberán hacerse cargo de una deuda de US$567 millones, US$27 millones de aporte de capital y de 750 empleados con beneficios salariales, sindicales y políticos que se resistieron a dejar en este primer año de gestión de La Libertad Avanza.
En principio, si una empresa privada en la Argentina estuviera al borde del colapso, le cabrían las generales de la ley, en cuanto a entrar en concurso preventivo, negociar con acreedores y, en el peor de los casos, quebrar. En los últimos cinco años, hubo una excepción. Impsa, históricamente de la familia Pescarmona, logró que el Estado salvara a la compañía estatizándola. El gobierno de Alberto Fernández y el de Mendoza compraron una emisión de acciones clase C en 2021 para que la sociedad no entrara en quiebra, después de años de pérdida de negocios y manejos del directorio que llevaron a que se prohibiera que hasta una tercera línea generacional de Pescarmona accediera a posiciones de gerenciamiento en la empresa.
Para los compradores, Impsa no es tentadora ni por su precio implícito (por las deudas), ni por los proyectos que tiene en la Argentina. Es el know how, sus técnicos y la capacidad productiva lo que necesitan, en un mercado muy pequeño en el mundo de este tipo de empresas. ARC Energy, de acuerdo con fuentes estatales, tiene proyectados una serie de contratos con la nueva gestión de Donald Trump en Estados Unidos que la obligan, de querer cumplirlos, a adquirir Impsa. Si no hubiese sido por esta necesidad, la privatización habría estado en riesgo.
En el Ministerio de Economía hubo un tembladeral en las últimas semanas cuando la oferta formal de ARC Energy para la compra llegó tan condicionada que se hacía imposible aceptar sus términos. Eso podría haber llevado a que fracasara el proceso de la primera privatización, con el impacto negativo que podría haber tenido de forma simbólica. Finalmente, se le pidió a ARC Energy un mejoramiento de la oferta con cláusulas “lógicas”, que fueron aceptadas, por lo que se cerrará el proceso antes de mediados de febrero.
El Estado la salvó y ahora, el Gobierno se deshará de lo que consideran era un plomo en el agua. La pregunta persiste: ¿por qué se metió la gestión pública en primera instancia? Fuentes conocedoras del proceso encontraron que el gobierno de Alberto Fernández, entre 2021 y fines de 2023, realizaba transferencias a provincias y empresas públicas para que éstas contrataran a Impsa, que se especializa en la fabricación de equipos para el rubro energético, nuclear y la industria de procesos. Así, YPF, Yacyretá y parques eólicos se convirtieron en clientes.
La primera explicación de los funcionarios involucrados en la estatización de 2021 es que la compañía era estratégica y necesaria para los proyectos nacionales, al ser la única proveedora. Sin embargo, los involucrados en la privatización siguen sin explicarse por qué el Estado compró el 85% de las participaciones societarias en vez de intentar caminos alternativos, pero menos gravosos para el erario público, como préstamos o asistencias.
Al momento de la estatización, la familia Pescarmona tenía el 60% de la participación en la sociedad anónima. El Estado nacional compró el 62% y realizó una transferencia de destino específico a la provincia de Mendoza para que ésta compre el 23%. Fueron unos US$20 millones en total.
Impsa llegó a esa situación luego de una década de problemas económicos y apuestas por socios regionales que dejaron de inyectarla de proyectos. Ese fue el caso de Venezuela. El gobierno bolivariano la había contratado por unos US$80 millones para abastecer la construcción de la represa Tocoma, uno de los proyectos más ambiciosos en Sudamérica. Impsa construyó, entre otras piezas, las turbinas que aguardan su transporte a destino en el taller, al igual que el pago de lo producido. En los últimos años, estuvieron pendientes de una reactivación de la obra que nunca se dio.
Impsa también perdió negocios en Brasil, donde hizo una gran apuesta -de la mano de su socio Venezuela- para entrar en el mercado. Durante la gestión de Dilma Rousseff sufrió uno de sus primeros agujeros financieros por el congelamiento de tarifas, que le implicó menores ingresos, como así problemas de maquinaria que les causaron inconvenientes con sus clientes brasileños.
En 2020, con la pandemia, Impsa entró en una espiral descendente. En un contexto marcado por las discusiones políticas e ideológicas alrededor del caso Vicentin, es la propia sociedad la que le pide asistencia al Estado, que ya tenía un porcentaje menor de participación. “El impacto de la pandemia en sus operaciones en la Argentina y en el mundo llevó a la compañía a plantearle al entonces ministro de Desarrollo Productivo de la Nación, Matías Kulfas, la necesidad de encontrar una solución que le permitiera superar este momento crítico, asistiendo a la compañía, de la que ya es parte el Estado a través del Banco Nación y del BICE”, dijeron en un comunicado en ese momento.
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