Abrazo al Hospital Bonaparte
La Justicia habilitó la feria judicial para analizar una presentación del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) en relación con la situación crítica que enfrenta el Hospital Nacional de Salud Mental Laura Bonaparte. Esto ocurre tras el despido de 200 trabajadores y la posterior intervención del establecimiento por parte del Gobierno de Javier Milei.
En su escrito, el CELS destacó que los despidos masivos y las políticas de ajuste del gobierno generaron un impacto profundo en los servicios del hospital, incluyendo áreas clave como guardias, internación, farmacia y atención de urgencias. Según la organización, esta situación contradice la Ley de Salud Mental, que garantiza el acceso igualitario y gratuito a los servicios de salud.
María José Guembe, presidenta del CELS, criticó abiertamente a la administración de La Libertad Avanza (LLA), señalando que los recortes en el Ministerio de Salud afectan a otros hospitales como el Posadas y el Español, además de entidades como el PAMI y Sedronar. En total, se estima que 1.400 profesionales fueron despedidos en el marco de un plan de reestructuración gubernamental.
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En paralelo, el Ministerio de Salud, liderado por Mario Lugones, justificó la intervención del Hospital Bonaparte bajo la Resolución 360/2025, argumentando una «sobredotación de personal» en servicios con baja ocupación.
Según el informe oficial, había 109 empleados destinados a un área con solo 55 camas y una ocupación promedio de 19 pacientes al mes. La intervención, que durará un año, estará encabezada por Mariano Bruno Pirozzo, limitando las funciones del director actual, Christian Baldino.
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La intervención del Hospital Bonaparte
El Plan de Eficiencia de Hospitales 2024-2025 también incluye la revisión de contratos de servicios tercerizados, como limpieza y seguridad, que podrían representar un ahorro de $760 millones, según estimaciones del Gobierno.
Sin embargo, estas medidas han generado una fuerte polémica en el ámbito sanitario, al ser vistas como un debilitamiento de los derechos de acceso a la salud mental.
La habilitación de la feria judicial y la respuesta del CELS apuntan a frenar una reestructuración que podría dejar a miles de pacientes en situación de vulnerabilidad. La resolución final de este conflicto será clave para definir el rumbo de la salud pública en el país.
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