La Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF) ha solicitado al Tribunal Supremo (TS) que cite en calidad de testigo a la jefa de la Inspección Fiscal, María Antonia Sanz Gaite, en la causa que se sigue contra el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por presunta revelación de secretos contra Alberto González Amador, el novio de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso.
En un escrito presentado este martes, al que ha tenido acceso Europa Press, la APIF –representada por Frago&Suárez Abogados– reclama que Sanz Gaite «preste declaración en relación con estos hechos una vez se alce el secreto sumarial».
La asociación fiscal explica que García Ortiz «es a día de hoy fiscal general del Estado y, en calidad de tal, puede impartir órdenes a sus subordinados», por lo que «existen razones fundadas para sospechar que el Ministerio Fiscal esté actuando en esta causa al servicio de sus intereses, en vez de promoviendo la acción de la Justicia en defensa de la legalidad».
Así, insta a que se dirija oficio a Sanz Gaite para que comunique al Supremo «si se ha abierto cualquier tipo de expediente disciplinario, diligencias informativas o preprocesales o de cualquier otro género con respecto a los hechos que son objeto de investigación en este procedimiento». En tal caso, la APIF quiere saber cuándo se abrieron las investigaciones internas, qué diligencias se han practicado y cuál ha sido su resultado.
En otro escrito, la asociación fiscal interesa al TS que mantenga separadas, como hasta ahora, las cuatro acusaciones populares que actualmente están personadas en la causa –la propia APIF, Manos Limpias, la Fundación Foro Libertad y Alternativa, y el Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid (ICAM)–, sin unificarlas.
Y ello, alega, porque «el hecho de que existan cuatro acusaciones populares no está obstaculizando en modo alguno la buena marcha del proceso, que avanza de forma fluida», de modo que «no hay base legal para acordar la unificación».
De forma subsidiaria, propone que, si finalmente se decide unificar, al menos se deje actuar de forma independiente a la APIF porque «representa un interés propio y distinto» y «tiene un derecho reforzado a ser parte, dado que las asociaciones de fiscales gozan de una especial relevancia constitucional».
A esto añade que «en esta causa se investiga si dos fiscales con un altísimo rango, el fiscal general del Estado y la fiscal jefe provincial de Madrid (Pilar Rodríguez), han cometido un delito de revelación de secretos en el ejercicio de sus funciones».
«Es evidente que este hecho esta desacreditando a la institución en su conjunto de cara a la sociedad. Precisamente por ello, consideramos que los miembros de la carrera fiscal tienen un derecho especial a intervenir en este procedimiento para dilucidar qué ocurrió y defender la profesionalidad del Ministerio Fiscal», aduce.
INVESTIGACIÓN CONTRA GARCÍA ORTIZ
El Supremo abrió causa contra García Ortiz el pasado 16 de octubre, en base a las querellas presentadas, entre otros, por González Amador, y a la exposición razonada del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM).
La pareja de Díaz Ayuso llevó el caso a los tribunales por una nota difundida el pasado 14 de marzo por la Fiscalía donde se daba cuenta del cruce de correos electrónicos entre su abogado y el fiscal del caso donde se le investiga por presuntos delitos fiscales, Julián Salto, para negociar un acuerdo.
El Supremo, sin embargo, no apreció delito en la nota de prensa, sino que puso el foco en las filtraciones anteriores sobre esos ‘emails’ a los medios de comunicación.