A fines de agosto, la Superintendencia de Servicios de Salud (SSS) afirmó que solo 10 de las 600 empresas de medicina prepaga cumplía con la normativa de inscripción obligatoria, y que comenzarían una etapa que podría entenderse como una suerte de limpieza de entidades sin afiliados, que aunque se habían dado de alta, nunca llegaron a funcionar. Unos días después, la “Súper” bajó 58 entidades, situación que se repitió este martes, con la confirmación del cierre de otras 54 prepagas que en realidad se esperaba que fueran un par más.
“Un par”, literalmente, porque las observadas eran 56 empresas, según se puede cotejar en el edicto del 23 de septiembre publicado en el Boletín Oficial, día en que se intimó a esta segunda tanda de entidades a ordenar sus papeles ante la SSS, si querían evitar la baja.
El aparente desorden observado por el organismo se basaba en que no habían presentado (nunca o en el último tiempo, la “Súper” no da detalles del “caso por caso”) información elemental, como “padrón de usuarios, planes de cobertura, cuadros tarifarios, estados contables ni balances generales”, según la enumeración del edicto de fines de septiembre.
Desde esa fecha hasta ahora, solo dos entidades acataron la orden, lo que explica la diferencia entre el edicto y la resolución de este martes.
La primera es el Instituto Privado de Clínica y Cirugía de Lobos S.A, un sanatorio ubicado en pleno centro de esa localidad bonaerense, que ofrece un sistema prepago de salud. La segunda es AMUKRA, la Asociación Mutual de la Unión de Kioskeros de la República Argentina. Si bien la página oficial no da prácticamente detalles sobre sus planes prepagos, desarrollaron un sistema privado para la cobertura de salud de sus afiliados, que -según el Gobierno- no venía teniendo los papeles en regla.
En diálogo con este medio, Norberto Tomasino, presidente de UKRA y de AMUKRA, reconoció que en efecto era así. Admitió que venían teniendo a la mutual “en el olvido”.
Sin embargo, a pedido del Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES) y de la Superintendencia, se vieron obligados a emprolijar su situación, en especial en lo que respecta a la presentación de balances atrasados, subrayó Tomasino, en un comentario que sorprende por el plazo de la desactualización reconocida.
“Actualizamos toda la información; unos 20 años de balances, más todo lo que nos requerían para regularizar nuestra situación. El INAES nos hacía las mismas observaciones que la Superintendencia», apuntó.
Según explicó, «la mutual es de principios de los 90 y estaba inscripta como prepaga. Por eso, lo que se hizo ahora es actualizar toda la información de balances y otros documentos retrasados ante el INAES y la Superintendencia», especialmente por el lanzamiento de un nuevo «market place”, agregó.
Por lo pronto, la resolución 4309/2024 fechada este martes precisa algo parecido a lo que ya habían escrito sobre las primeras 58 prepagas cerradas, que ahora ascienden a 112 sobre -se estima, si bien desde el Gobierno prometieron confirmarlo- un total de 180 entidades que finalmente desaparecerán.
Y es que, “vencido el plazo otorgado” y “no habiéndose presentado ninguna de las entidades que se consignan en el cuadro anexado a la presente resolución, corresponde proceder a la baja de dichas entidades, cancelando su inscripción en el Registro Nacional de Entidades de Medicina Prepaga”.
Prepagas fantasma: el argumento del Gobierno para cerrarlas
El Gobierno emitió numerosos comunicados con ideas semejantes ligadas a esta especie de “limpieza” que aseguran estar efectuando sobre el voluminoso cuerpo estatal. En lo que respecta a la salud, la palabra favorita es “reordenamiento”.
En septiembre, cuando desde la SSS se comunicó la intención de cerrar las empresas cuya baja se confirmó ahora, explicaron que, “a partir del reordenamiento del sistema de Salud que está llevando adelante, la Superintendencia de Servicios de Salud detectó decenas de prepagas inexistentes”.
Remarcaron que “son prepagas ‘fantasma’, ya que, luego de inscribirse como tales, jamás presentaron un papel en el organismo fiscalizador. Ni padrones, ni planes, ni estados contables, ni cartillas. Absolutamente nada”.
“Producto de esto y de la falta de respuesta ante el pedido de información de parte del organismo, es que se avanzó con el procedimiento para darlas de baja”, dijeron, y aseguraron que “ninguna de ellas tiene beneficiarios”.
Concluyeron sumando una frase que, más allá de si se funda en una buena intención, todavía es un horizonte. Dijeron que la impronta busca “un mercado más transparente y ordenado”, donde “las entidades que figuran inscriptas existan, compitan entre sí y brinden prestaciones de calidad”.