El brutal asesinato de Fernando Gómez a manos de la Gendarmería Nacional en Salta es un hecho de extrema gravedad. Es el primer muerto del gobierno de Javier Milei durante el accionar represivo de las fuerzas de seguridad comandadas por Patricia Bullrich. Recordemos que Fernando fue asesinado por las balas de la Gendarmería en la madrugada del miércoles 18 de diciembre, cuando se encontraba trasladando mercadería desde Bolivia hacia Salta, un trabajo informal del que viven miles de pobladores de la región ante la falta de otras fuentes laborales. Era un joven humilde y trabajador de 27 años, padre de tres hijos de uno, tres y seis años. Según comentan testigos, los gendarmes dispararon con armas de fuego, a matar, ante el reclamo de los llamados bagayeros por el decomiso de su mercadería. Este vil asesinato desató una verdadera pueblada en Aguas Blancas, la localidad salteña más cercana a la frontera. El entierro de Fernando en Orán fue acompañado por un cortejo de cientos de personas reclamando justicia.
Ni bien ocurridos los hechos tanto Patricia Bullrich, Ministra de Seguridad de la Nación, como Gustavo Sáenz, gobernador de Salta, pretendieron ocultar el hecho con mentiras, acusando a Fernando y sus compañeros de narcos, lo cual no resiste la mínima prueba. Bullrich, que en su paso por el mismo ministerio durante el gobierno de Mauricio Macri, fue responsable de las muertes de Santiago Maldonado y Rafael Nahuel. Recordemos también que acusó burdamente de “terroristas” y de preparar “un golpe de estado” a los 33 detenidos durante la manifestación contra la Ley Bases durante su tratamiento en el Senado, algo desmentido por la justicia que debió liberar a la totalidad de las y los detenidos, aunque algunos de ellos debieron pasar hasta tres meses en prisión. Los principales medios hegemónicos (diarios, canales de cable y radios de Clarín, La Nación y América) reprodujeron primero la versión oficial y, ante su desmentida, directamente dejaron de hablar del hecho. Desde los principales referentes del peronismo hubo un silencio atronador, salvo contadas excepciones. Ni siquiera posteos en las redes sociales. Sí cubrieron el hecho Página 12, C5N, eldiario.ar, Alejandro Bercovich en Radio Con Vos y El Destape, entre otros, junto con AnRED, otros medios alternativos y los medios de la izquierda.
Desde el PTS repudiamos los hechos desde un primer momento con una importante cobertura de La Izquierda Diario y numerosos posteos en redes sociales de nuestros principales referentes nacionales. Nuestro compañero diputado nacional Alejandro Vilca se hizo presente acompañando el cortejo fúnebre y dando apoyo a la familia. En El Destape destacaron esta presencia de Alejandro, contraponiéndola a la ausencia de diputados y dirigentes políticos de la oposición peronista y de otros sectores. En Buenos Aires, el 20 de diciembre, nos movilizamos a la Casa de Salta para repudiar el asesinato, luego del acto en Plaza de Mayo. Allí hicimos una manifestación de repudio donde habló nuestro compañero Christian Castillo y compañeros de Política Obrera y Marabunta, organizaciones que también movilizaron. Lamentablemente no participó el resto de los partidos del Frente de Izquierda que habían estado presentes en la Plaza y habían comprometido su presencia. Sin embargo, esta acción, realizada en medio de un fuerte operativo represivo de la Policía de la Ciudad, no fue suficiente para quebrar el cerco mediático respecto a este crimen represivo.
Todo este año hemos visto cómo el ajuste se ha sostenido en base a la represión y la persecución y criminalización de los que luchan, como están haciendo con el movimiento piquetero. Durante la represión del primer tratamiento de la Ley Bases, las balas de goma de la Policía Federal le hicieron perder un ojo a nuestro compañero abogado del Ceprodh Matías Aufieri, entre cientos de heridos por esa acción represiva. Ahora en Salta los gendarmes tiraron directamente con balas de plomo.
No podemos permitir que este asesinato de un joven trabajador precarizado quede impune. Los responsables materiales y políticos deben ser juzgados y condenados. Cuando fue la represión de la Ley Bases, una contundente respuesta unitaria logró desmentir las mentiras de Patricia Bullrich y el gobierno nacional y pudo lograr la liberación del conjunto de detenidos y detenidas. Hoy debemos repetir esa experiencia y realizar una gran campaña nacional e internacional para que este crimen represivo no quede impune. Los organismos de Derechos Humanos deben ponerse a la cabeza de este reclamo. También los jubilados, estudiantes, trabajadores, sindicatos, el movimiento de mujeres, el movimiento piquetero, y todos los sectores que se oponen al ajuste.
La familia de Fernando, sus amigos y organizaciones solidarias como el PTS y el CeProDH impulsan este petitorio que debemos llenar de firmas nacionales e internacionales.
El grito de ¡Justicia por Fernando! debe resonar en todo el país. Este crimen de Estado no puede quedar impune.