La Justicia dictó prisión preventiva para un hombre de 45 años imputado por su presunta participación en la comercialización fraudulenta de lotes inhabitables en San Lorenzo. El detenido habría trabajado con el abogado Santiago Pedroza, quien cumple arresto domiciliario.
La Justicia dictó prisión preventiva para un hombre de 45 años, de apellido López, imputado por su presunta participación en maniobras fraudulentas relacionadas con la comercialización de lotes inhabitables e inundables en el municipio de San Lorenzo. Este nuevo sospechoso habría sido cercano y trabajaba con el abogado Santiago Pedroza, quien es el otro involucrado en la causa y cumple con arresto domiciliario.
La causa, a cargo de los fiscales penales Ramiro Ramos Ossorio y Esteban Martearena, incluye 40 denuncias de familias afectadas que habrían sido engañadas mediante la promesa de adjudicación de terrenos irregulares. Según la investigación, el detenido se habría presentado como abogado ante los damnificados, integrando una organización que captaba a familias vulnerables a través de punteros y recaudaba dinero en efectivo o mediante transferencias, con entrega irregular de comprobantes.
En la audiencia de formalización de la investigación penal preparatoria, el juez del distrito Centro, Federico Diez, hizo lugar al pedido de los fiscales y ordenó la prisión preventiva del imputado. La solicitud de detención consideró además la expectativa de pena en abstracto y se solicitó la realización de estudios sobre la salud mental y el entorno del acusado.
El rol de Santiago Pedroza
Uno de los momentos clave del caso se produjo el 16 de abril, cuando un grupo de damnificados se presentó en Casa de Gobierno exigiendo respuestas. Allí, funcionarios provinciales informaron que los supuestos trámites mencionados por los presuntos responsables no tenían registro ante organismos oficiales como Recursos Hídricos o Tierra y Bienes, y que los recursos judiciales habían sido rechazados.
Además, Tierra y Bienes confirmó que los terrenos ofrecidos son inhabitables y se encuentran en zonas inundables, lo que imposibilita asentamientos seguros y profundiza el perjuicio sufrido por las familias. La fiscalía continúa recibiendo documentación de posibles víctimas, incluyendo comprobantes de pago y contratos, para consolidar la investigación y determinar la magnitud del fraude.