El intendente de La Merced, Javier Wayar, habría realizado movimientos patrimoniales antes del juicio civil por la muerte de Tomás Alancay, según informes periodísticos.
El caso de Tomás Alancay sigue en la etapa investigativa, tras el siniestro vial en el que el niño de cinco años falleció luego de ser atropellado por una camioneta en la localidad de La Merced. El menor circulaba en bicicleta y el conductor se encuentra formalmente imputado.
En la instancia previa al inicio del juicio civil por la responsabilidad del siniestro, el intendente Javier Wayar quedó en el centro de la atención tras trascender presuntos movimientos patrimoniales. Según datos recabados por Multivisión Federal, tras el vencimiento del plazo de la etapa de mediación obligatoria, el funcionario habría iniciado un continuo desprendimiento de sus propiedades registradas.
Entre las operaciones detectadas, una fracción inmobiliaria donde el mandatario poseía el 25 % de la titularidad habría pasado a nombre de un familiar mediante una transferencia por donación, según consignó el medio citado. Asimismo, los informes comerciales detallaron que algunos vehículos que figuraban a nombre del intendente ya no se encuentran bajo su dominio legal, y que fueron vendidos o enajenados a terceros durante el último mes.
Por otra parte, una vivienda ubicada en la localidad de La Silleta, mencionada públicamente por el propio funcionario en declaraciones previas, no figura dentro de sus activos actuales. Las verificaciones patrimoniales reflejarían que el jefe comunal ya no cuenta con dichos inmuebles en su declaración de bienes.
De esta manera, el patrimonio neto remanente del titular del Ejecutivo municipal se habría reducido de forma considerable antes de las demandas civiles de la familia de la víctima. En la actualidad, el único bien que permanece registrado formalmente a su nombre es la camioneta Ford Ranger involucrada en el hecho, la cual se encuentra secuestrada por las autoridades judiciales.