Carol Ramos, representante de Comerciantes Unidos, expresó su desacuerdo con la metodología de los operativos realizados la semana pasada en comercios de Salta y solicitó que las fuerzas de seguridad focalicen sus controles en zonas de frontera.
La polémica por los allanamientos realizados la semana pasada en comercios de Salta continúa generando repercusiones. Carol Ramos, representante de Comerciantes Unidos, se refirió al procedimiento en declaraciones a Radio Salta.
Ramos afirmó que los allanamientos fueron «tremendos» y consideró que este tipo de intervenciones se están convirtiendo en un «destrato» hacia los comerciantes. Aclaró que no defiende el comercio ilegal, pero manifestó su desacuerdo con la metodología utilizada. «Yo aclaro que no estoy a favor del comercio ilegal, pero le pido a Gendarmería que deje de cazar en el zoológico», expresó.
La representante sostuvo que desconoce el trasfondo judicial de la investigación y señaló que no puede opinar sobre aspectos específicos de la causa. Afirmó que, salvo que existan delitos de extrema gravedad como narcotráfico o trata de personas, podrían haberse aplicado otros mecanismos menos invasivos.
También cuestionó que los operativos se concentren sobre comercios establecidos, que —según afirmó— generan empleo, afrontan alquileres, pagan impuestos y mantienen personal registrado. Sostuvo que las fuerzas de seguridad deberían focalizar los esfuerzos en los puntos donde presuntamente se originan las maniobras de contrabando y no en los locales comerciales que funcionan de cara al público.
Ramos señaló que el fenómeno del ingreso irregular de mercadería es una problemática conocida en las zonas de frontera y consideró que allí debería centrarse el control estatal. Otro de los puntos que planteó fue la situación de los comercios allanados, particularmente el caso de Divinas, al considerar que la exposición pública derivada de los procedimientos podría generar consecuencias para las propietarias y para la seguridad de quienes trabajan en esos locales. Incluso sostuvo que las responsables de los negocios afectados deberían analizar posibles acciones legales por la difusión que tuvo el operativo.
Las declaraciones se producen mientras continúa el debate sobre el alcance de los procedimientos realizados la semana pasada y las investigaciones que dieron origen a los allanamientos.
