El superintendente de Servicios de Salud confirmó que se analiza una actualización del PMO para establecer criterios más estrictos sobre prestaciones y medicamentos, en medio de una fuerte presión financiera y una escalada de litigios judiciales.
El Gobierno nacional reconoció formalmente que estudia un cambio profundo y estructural en el Plan Médico Obligatorio (PMO), el corazón regulatorio del sistema sanitario argentino que determina qué prestaciones, tratamientos y medicamentos deben cubrir obligatoriamente las obras sociales y las empresas de medicina prepaga.
La definición fue oficializada por el superintendente de Servicios de Salud, Claudio Stivelman, quien confirmó que el Poder Ejecutivo ya analiza una actualización del esquema actual, con el objetivo de establecer criterios más estrictos sobre qué tecnologías y terapias deben integrar la canasta básica de salud. La iniciativa se produce en un contexto de fuerte presión financiera sobre el sistema sanitario y en medio de una escalada inédita de litigios judiciales vinculados al acceso a medicamentos de alto costo y prestaciones especiales.
El PMO nació en los años noventa como un mecanismo para garantizar un piso uniforme de prestaciones. Sin embargo, con el paso de los años, se convirtió en una estructura cada vez más amplia y compleja. La crisis de 2001 marcó un punto de inflexión: el entonces Programa Médico Obligatorio de Emergencia (PMOE), concebido como solución transitoria, terminó consolidándose como esquema definitivo mediante sucesivas prórrogas y ampliaciones normativas.
Según Stivelman, actualmente existen más de 100 normas que modificaron el PMO. “Debemos cambiarlo, incluso hasta cambiarle el nombre”, sostuvo el funcionario durante un desayuno de trabajo organizado por OSDEPYM, IIDOS y FESAL. Uno de los ejes centrales de la reforma apunta al financiamiento de medicamentos y tratamientos de altísimo costo, que hoy absorben una parte creciente de los ingresos de obras sociales y prepagas. El gasto en farmacia y tecnologías de alta complejidad ya consume más del 40% de la recaudación de muchas entidades, y en algunos casos provinciales supera el 50%.
El diputado nacional Manuel Quintar (LLA) definió al PMO actual como un “Frankenstein normativo”, producto de décadas de incorporación de coberturas sin prever cómo sostenerlas económicamente. La reforma también busca enfrentar la judicialización masiva de la salud: cerca del 80% de los reclamos judiciales actuales están vinculados directa o indirectamente con prestaciones del PMO.
En paralelo, el Gobierno analiza impulsar una Agencia Nacional de Evaluación de Tecnologías Sanitarias (AGNET), que determinaría qué medicamentos, prótesis y procedimientos cuentan con suficiente respaldo científico para ser incorporados al sistema obligatorio de cobertura.