La Justicia de Salta dispuso la creación de un equipo especial de fiscales para investigar el caso Pedroza, una causa que acumula más de 40 denuncias por la venta de terrenos inhabitables en San Lorenzo. Las víctimas, en su mayoría personas en situación de vulnerabilidad, habrían pagado sumas de hasta 8 millones de pesos.
La Justicia salteña avanza en la investigación del denominado caso Pedroza, vinculado a una presunta estafa por la venta de terrenos inhabitables en la localidad de San Lorenzo. Hasta el momento, se han registrado más de 40 denuncias de personas damnificadas.
Ante la gravedad y la cantidad de hechos, el procurador general Pedro García Castiella dispuso la creación de una Unidad Fiscal especial, integrada por los fiscales Ramiro Ramos Ossorio y Esteban Martearena.
La causa se inició a partir de la denuncia de un hombre que aseguró haber sido engañado en la compra de un lote en la zona del río Arias, detrás del barrio UPCN. Según lo investigado, la maniobra habría comenzado en 2023, tras una ocupación ilegal de tierras, cuando un abogado ofreció asesoramiento a las familias y prometió gestionar la entrega de terrenos bajo el nombre de “Loteo Las Victorias”.
Con el tiempo, se habrían sumado otras personas que solicitaban pagos por supuestos trámites y gestiones. Los montos abonados por las familias irían desde los 500 mil pesos hasta cifras cercanas a los 8 millones, muchas veces sin comprobantes formales.
De acuerdo a la investigación, la maniobra habría alcanzado a unas 400 personas, en su mayoría en situación de vulnerabilidad, quienes realizaron pagos en efectivo o transferencias bajo promesas de acceder a un lote propio.
El caso tomó mayor relevancia cuando desde organismos provinciales confirmaron que no existían gestiones oficiales vinculadas a esos terrenos y que los mismos se encuentran en una zona inundable, no apta para asentamientos.
Desde la Unidad Fiscal informaron que continúa la convocatoria a posibles damnificados para que se presenten con documentación respaldatoria, como comprobantes de pago, con el objetivo de avanzar en la investigación. La causa busca determinar si se trató de una maniobra organizada para captar familias y recaudar dinero mediante promesas falsas de adjudicación de tierras.