La Justicia Federal imputó a un hombre y una mujer por gestionar una red de explotación sexual de adolescentes en la capital salteña. La investigación comenzó tras una denuncia en agosto de 2024.
Una pareja fue formalmente imputada por el delito de trata de personas agravada tras desarticularse una red de explotación sexual de menores que operaba en la capital salteña. La Unidad Fiscal de Salta acusó a los detenidos de gestionar un circuito de citas pactadas en línea, donde niñas de entre 15 y 17 años eran ofrecidas a través de sitios web y grupos de Telegram.
Según el Ministerio Público Fiscal de la Nación, la investigación se originó el 16 de agosto de 2024, cuando un llamado al 911 alertó sobre la presencia de un hombre adulto con una adolescente en un edificio de la calle 12 de Octubre. Al llegar al lugar, los efectivos constataron que se trataba de una menor de 17 años y hallaron elementos compatibles con un encuentro sexual previamente pactado.
En aquel procedimiento inicial, uno de los ahora imputados intentó engañar a la policía manifestando ser primo de la joven, una versión que fue rápidamente descartada por el testimonio de la víctima. Tras la declaración de incompetencia de la justicia provincial, el fuero federal profundizó la pesquisa con la intervención de Gendarmería Nacional para determinar el alcance de la red.
La fiscalía logró establecer que el hombre se encargaba de captar a las víctimas y alquilar los departamentos, mientras que su pareja coordinaba los encuentros y negociaba los precios con los clientes. Las citas se promocionaban en una página web y los detalles finales se acordaban por mensajería privada, registrándose un promedio de hasta cinco clientes por jornada.
El valor de cada servicio oscilaba entre los 30.000 y 35.000 pesos, dinero que las menores debían entregar parcialmente a los acusados, ya fuera en efectivo o mediante transferencias bancarias.
Con estas pruebas, el pasado 15 de abril se concretaron los allanamientos y las detenciones de los sospechosos en un inmueble ubicado en la calle Artigas. Durante la audiencia de formalización, la auxiliar fiscal Carolina Aráoz Vallejo reveló que el imputado intentó entorpecer la causa contactando a una de las menores para que borrara mensajes.
Ante este riesgo procesal y la gravedad del delito, el juez federal Julio Bavio dictó la prisión preventiva efectiva para el hombre por un plazo de 120 días. Respecto a la mujer implicada, la justicia le concedió la libertad con medidas restrictivas y la prohibición de salir de la provincia debido a indicios de que ella también podría ser una víctima del sistema.
La causa continuará con los peritajes sobre los teléfonos y computadoras secuestrados, mientras no se descarta la identificación de nuevos damnificados en el circuito.