El máximo tribunal provincial establece restricciones en salarios, compras, viáticos y contratos, alineándose con medidas nacionales y provinciales para adecuar el gasto a los recursos disponibles.
La Corte de Justicia de Salta dictó la Acordada 14627, que establece un plan de contención del gasto público en el Poder Judicial por un período de seis meses. La medida, que se alinea con el Decreto 206/2026 del Poder Ejecutivo, responde a la compleja situación económica nacional y su impacto en las finanzas provinciales.
El plan incluye el congelamiento de aumentos salariales para los jueces del Máximo Tribunal y una serie de restricciones para todas las dependencias judiciales. Se limitan las compras de insumos y bienes de uso a lo estrictamente indispensable, y se suspenden la asignación de pasajes y viáticos, salvo en casos urgentes y debidamente acreditados como vitales para el servicio de justicia.
Asimismo, se instruye la optimización de gastos en la flota oficial y el uso eficiente de servicios básicos como energía, gas y telefonía. La normativa también impone límites a los incrementos en la renovación de contratos de alquiler y servicios, y ajusta los cupos de horas de dedicación complementaria.
La Acordada, que entra en vigencia de forma inmediata tras su publicación, busca concretar un ahorro suficiente en las partidas presupuestarias del presente ejercicio, sin afectar el servicio esencial de administración de justicia. La Corte destacó que esta decisión se inscribe en la línea de responsabilidad fiscal ya trazada por el cuerpo en diciembre de 2023.