El Gobierno tiene preparado para los gobernadores una sorpresa casi mortal para el 2025. Y no sólo en relación a la renuncia voluntaria por parte del Poder Ejecutivo a contar con un proyecto de ley de Presupuesto aprobado por el Congreso Nacional para el próximo ejercicio. En lugar de esto, el gobierno de Javier Milei repetirá el Presupuesto 2023, actualizado con ajustes históricos en el 2024; esquema que se repetirá, aparentemente, en el 2025. Los gobernadores recibirán así mensualmente lo que les corresponde por coparticipación, pero, de ahí para arriba, cualquier peso extra deberá ser negociado en la oficina correspondiente en el Ministerio de Economía de Luis “Toto” Caputo. O, algo aún más complicado y peligroso, en la del asesor plenipotenciario Santiago Caputo.
Pero esto puede no ser el peor trago que podrían recibir los gobernadores como un misil teledirigido desde la Capital Federal. El Ejecutivo tiene pensado un proyecto majestuoso a ojos de los libertarios, para cubrir una de las grandes demandas de la sociedad económica argentina desde hace años. Quizá décadas. Y por la que, hay que reconocerlo, muchos de los votantes de todo el país eligieron hace un año a Javier Milei para que manejara los destinos del país. El Presidente ya dio el visto bueno y avaló los lineamientos generales de uno de los principales proyectos de ley que enviará al Congreso una vez que se retomen las sesiones ordinarias, luego de la apertura del primero de marzo. Quizá ese sea incluso el día en que el jefe de Estado anuncie una de las obras maestras de su gestión: una reforma impositiva integral; basada en la simplificación del sistema tributario argentino, con la intención de reducir las casi 140 tasas y contribuciones a no más de veinte. En todo el país. Como se dijo, un reclamo histórico de los contribuyentes criollos, que deben lidiar con uno de los sistemas impositivos más retrógrados, irritantes e injustos del globo. El problema para los gobernadores está en la idea base del proyecto que Milei, Caputo (ministro) y los técnicos libertarios que trabajan en la letra fina de la reforma. El lanzamiento de una especie de “súper IVA”, que concentre no sólo al Impuesto al Valor Agregado, sino que sume además el denominado tributo a los Ingresos Brutos que cobran hoy las provincias y la Ciudad de Buenos Aires; y que representa la segunda mayor fuente de ingresos de las regiones, después de la coparticipación. La idea sobre la que se trabaja es simple: al IVA del 21% (nadie piensa en una disminución), se le sumaría la tasa de ingresos brutos local, que según la provincia pasa de un 1,5 a un 5%. Suponiendo una alícuota provincial de 2%, la tasa pasaría al 23%; dinero que sería recaudado en su totalidad por la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), y que pasaría a ser luego de ingresado en el ahora organismo recaudador, girado a las provincias. Siempre respetando el monto de cada alícuota. El principal argumento a favor de la concentración en la recaudación, es que la Nación obtendría todo el dinero con el mismo mecanismo que el IVA; con lo cual se simplificaría y desburocratizaría para los contribuyentes el pago del principal impuesto del sistema tributario argentino; abaratando los costos y mejorando la competitividad, uno de los principales reclamos de los privados en estos tiempos de análisis del “costo argentino”. Todos ganan. Salvo unos interesados directos, a los que la sola idea del Súper IVA, los aterra. Los mismísimos gobernadores, que ven con espanto la posibilidad de tener que derivar a la Nación la recaudación de la mayor fuente de dinero que es obtenido en el territorio. Esto pese a reconocer que Ingresos Brutos es el peor invento de la historia de los impuestos mundiales.
En definitiva, Ingresos Brutos (IIBB) es un tributo medieval. No es una metáfora o una opinión. Es una realidad. Se trata de un impuesto creado hace casi mil años (literal), por los alcaldes y barones feudales, buscando un mecanismo para incrementar su poder económico frente al de los reyes. Buscaba recaudar de manera directa, afectando la economía local a cambio de una mayor cantidad de dinero limpio y rápido para poder, básicamente, incrementar sus propios bienes y, eventualmente, armarse para contrarrestar las embestidas de otros barones. O invasiones de reinos externos.
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Pasó el tiempo y la propia lógica de la evolución moderna de la ciencia tributaria (progresista o liberal) apuntó a la eliminación del impuesto; y la aplicación de lo que en el país se llamó IVA. Un tributo que grava toda la cadena productiva y no el final. Con sus errores, ya no se trata de un impuesto “cascada” como Ingresos Brutos, sino a toda la línea de generación de riqueza; lo que lo hace más justo y efectivo. Hoy son pocos los sistemas tributarios que aplican IIBB. Sólo algún que otro país poco integrado y con sistemas impositivos regionales y nacionales sin vasos comunicantes. Salvo Argentina.
Milei busca dar vuelta con la creación de la gestión Alberto Fernández, donde se aprobó el consenso fiscal, que avalaba la posibilidad de incrementar el tributo provincial hasta las nubes del 9% dependiendo del sector, y liberarlo para otros.
Es verdad que el tributo va al contrario de la modernidad tributaria mundial. Y un severo retroceso a la producción y el crecimiento. Sin embargo, priman otras cuestiones. Básicamente una. Que los gobernadores tengan más dinero, y que a partir de esta piñata apoyen a la Nación en la aplicación de una mayor carga impositiva que permita evitar los ajustes, que siempre reclama el Fondo Monetario Internacional. De más está decir que desde este organismo se aplaude de pie la alternativa del “súper IVA”.
Ingresos Brutos fue introducido en el sistema impositivo local en 1977, durante la última dictadura militar y en el marco de la reforma tributaria integral que el país aplicó con la creación del IVA, y en reemplazó al anterior Impuesto a las Actividades Comerciales. Se aplica a todas las provincias argentinas y la Ciudad de Buenos Aires, con alícuotas que van de 1,5% a 5%; las que con la nueva autorización del Congreso pueden aún incrementarse más. Se aplica a las empresas involucradas en actividades comerciales, industriales, agrícolas, financieras o profesionales y la alícuota depende del distrito y de la industria.
Hubo dos intentos fallidos por disminuir su presión o directamente eliminarlos de manera gradual. El primero, en 1993, con la firma del Segundo Pacto Federal, por el cual las provincias se comprometían frente al gobierno nacional a eliminar el impuesto a los Ingresos Brutos; algo que, obviamente, nunca ocurrió ni se aplicó. El segundo, en 2017, el que quedó enterrado el jueves pasado.
Es un lugar ya común que el IIBB sea el impuesto más rechazado, repudiado y odiado de todo el sistema tributario nacional, provincial o municipal. Algo notable teniendo en cuenta que Argentina es un país donde se combinan más de 125 clases diferentes de impuestos, con un promedio de creación de uno cada dos años en los últimos 30. Todos los tributaristas, sin importar la escuela donde abreven, mencionan a IIBB como el primero en eliminar si se quiere modernizar y sanar un sistema tributario donde los promedios de evasión y elusión superan hoy el 35%. Y con cálculos conservadores.
Se lo considera como el culpable de gran parte de la distorsión en el momento de la medición de costos y valores finales de venta al público; y como el principal conspirador en el momento de poder atacar la inflación o medir la competitividad de la producción local hacia el exterior. Especialmente cuando se lo mide con la propia comarca latinoamericana, donde Ingresos Brutos es historia pasada, antigua y olvidada. Ni hablar del mundo desarrollado; donde la eficacia en la recaudación de impuestos y la fiscalización para el consecuente gasto de ese dinero, son norma pétrea.
Sin embargo, para los gobernadores es aire fresco en tiempos de asfixiantes ajustes desde el Poder Ejecutivo. Ya son muchos los gobernadores que, en alerta, comenzaron a watsapearse para asegurar una posición contraria a la idea. Sin embargo, lo saben, no es fácil tener a Milei por delante. Más en un año electoral, sin Presupuesto y con la dependencia absoluta de la firma de recursos por parte de Luis “Toto” Caputo. O, aún peor, de su primo con el que comparte apellido.