En medio de denuncias crecientes por corrupción que involucran al gobierno, se produjo un movimiento judicial que genera preocupación: el juez Ariel Lijo declaró la incompetencia de su juzgado para seguir con la causa $LIBRA y envió el expediente, por conexidad, al juzgado de Marcelo Martínez de Giorgi. Esa causa investiga presuntos pagos ilegales vinculados al lanzamiento del token $LIBRA y a reuniones que lo relacionan con el presidente Javier Milei y su hermana Karina.
¿Qué se investiga en la causa?
La causa $LIBRA viene siendo seguida por denuncias presentadas por los diputados Maximiliano Ferraro y Mónica Frade. En agosto, el fiscal Eduardo Taiano pidió analizar teléfonos para determinar si hubo comunicaciones con Milei y su entorno que facilitaron el lanzamiento del token. También solicitó investigar transferencias sospechosas realizadas por empresarios como Mauricio Novelli y Manuel Terrones Godoy, que podrían constituir pagos indirectos a funcionarios públicos.
Parte de la denuncia apunta directamente a Karina Milei: se la acusa de manejar la agenda de entrevistas de su hermano y de gestionar reuniones, algunas de las cuales, según declaraciones privadas difundidas, habrían involucrado pagos. Hay mensajes de chat que refieren a su influencia como secretaria presidencial.
¿Qué significa el cambio de juzgado?
El juez Lijo argumentó que existen motivos probatorios y personas imputadas comunes entre la causa $LIBRA y otra denuncia que lleva Martínez de Giorgi, lo que justificaría el traslado del expediente para evitar duplicaciones, demoras jurisdiccionales y para facilitar una mejor administración de justicia.
No obstante, para muchos observadores este traspaso sugiere más que una cuestión técnica: aparece como parte de una estrategia para diluir la investigación o para ubicarla en un juzgado con mayor control o predisposición política frente al oficialismo.
Riesgos para la transparencia y la justicia
El traspaso de la causa a otro juzgado puede derivar en retrasos procesales, demorando la producción de pruebas, las audiencias y eventuales indagatorias. Al mismo tiempo, debido al alto perfil de los involucrados, la medida despierta sospechas de interferencia política, ya que pone en duda la independencia y la imparcialidad del proceso. En un contexto atravesado por escándalos y vetos presidenciales, cualquier decisión que parezca orientada a blindar al poder no hace más que profundizar la desconfianza ciudadana y erosionar la legitimidad del sistema judicial.
El traslado de la causa $LIBRA al juzgado de Martínez de Giorgi marca un punto de inflexión en una investigación que podría comprometer seriamente al núcleo del gobierno de Milei. Aunque formalmente pueda entenderse como un acto técnico, la ocasión política en la que ocurre —tras derrota electoral, con presión social y denuncia pública — la vuelve estratégica.
Este movimiento debe verse con alerta: la justicia no solo debe hacer lo que corresponde, sino también parecerlo. La ciudadanía exige que los responsables, sin importar su cercanía al poder, respondan por sus actos y no queden protegidos por maniobras jurisdiccionales.