La estabilidad económica no se rompe de un día para otro. Pero cuando confluyen algunas señales de fragilidad macro, tensión financiera, escándalos de corrupción y cierta desconexión política con la realidad, el equilibrio se vuelve precario. Eso es lo que está viviendo el gobierno de Javier Milei en estas últimas semanas.
Desde el frente económico, los signos de fatiga se acumulan. La actividad está estancada, con dos meses consecutivos de caída del EMAE, el cual se ubicó en junio cerca de un punto porcentual por debajo del arranque del año, y un patrón de recuperación que se parece más a una raíz cuadrada que a una “V”. Los indicadores de confianza –como el Índice de Confianza del Consumidor o el de Confianza en el Gobierno– muestran caídas preocupantes en agosto, aun cuando fueron relevados antes de que se materializara la volatilidad de las últimas dos semanas. Por su parte, los mercados financieros emiten diariamente señales de alerta: caída generalizada de bonos y acciones, suba del riesgo país (nuevamente por encima de los 800 puntos), tasas de interés que no aflojan ni en materia de niveles ni de volatilidad y futuros del dólar que cotizaron en alza (incluso con versiones de intervención oficial).
El Gobierno insiste en culpar al “riesgo K” por las turbulencias. El argumento es simple: si los mercados temen un retorno del populismo, entonces todo lo que suceda es culpa de esa amenaza. Pero la realidad es más incómoda. Porque aceptando que ese riesgo existe, lo cierto es que su magnitud estaría acotada si el programa de estabilización y el cambio de régimen económico lucieran menos frágiles y más consolidados. Y con tal objetivo en mente, el de consolidar su programa y reducir los riesgos macro, el Gobierno genera dudas en, al menos, dos dimensiones.
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La primera es la política. El oficialismo sigue sin construir una estrategia político institucional que le permita aprobar leyes en el futuro. Se niega al diálogo, no genera consensos y desprecia las formas del Congreso. Pero el margen para llevar adelante la gestión sobre esas bases, tal como se pudo comprobar en los últimos meses, se ha agotado. El Gobierno apuesta a un resultado electoral tal que le asegure gobernabilidad y que haga que el riesgo de una vuelta al populismo se desvanezca. Pero, en el escenario más probable, no contará con mayorías que le permitan aprobar sin negociación sus proyectos. Por lo que, de tener un buen resultado, deberá utilizar el contexto poselectoral favorable para cambiar de estrategia. De no hacerlo, el riesgo no será el de la oposición, sino el de un oficialismo que no sabe articular poder o que no quiere construir gobernabilidad, y que para gestionar prefiere recurrir a herramientas de excepción.
La segunda dimensión es la macroeconómica. El programa de estabilización pasó, en abril, de basarse en un ancla cambiaria hacia un régimen basado en agregados monetarios. Pero ese tránsito, en lugar de ordenado y transparente, se dio con instrumentos imprecisos, sin reglas claras, y no permitió, a pesar de las certezas oficiales, acumular reservas. Tal como lo anunciaron las autoridades económicas, de aquí hasta las elecciones (para las que todavía faltan dos meses, lo que no es poco dadas las dinámicas del mercado), el BCRA absorberá cualquier excedente de pesos que pudiera surgir de un bajo rollover del Tesoro, porque no puede determinar si la liquidez remanente responde a un aumento genuino de la demanda de pesos o si se trata de una demanda transitoria o especulativa que eventualmente pueda volcarse al mercado de cambios. Esta dinámica reactiva de la política monetaria –donde cada licitación funciona como termómetro y disparador de decisiones– también ha reavivado una vieja tensión: la carrera entre tasa y dólar. Cuando las tasas de interés se tornan volátiles o pierden capacidad de anclar expectativas, pueden resurgir los incentivos a desarmar posiciones en pesos (“no hay tasa que alcance”) minando la estabilidad cambiaria y de precios. Además, la política monetaria pierde grados de libertad y queda determinada por el resultado de cada colocación de deuda pública, y no por una regla previsible que guíe las expectativas. Por cierto, también las políticas financiera y fiscal se ven afectadas en su previsibilidad e independencia. Porque no está claro hasta qué punto el fisco no tendrá en cuenta las necesidades del BCRA a la hora de diseñar licitaciones o de convalidar tasas.
El problema no es el enfoque elegido –ancla de agregados o de tipo de cambio– sino la inconsistencia entre lo que se dice y lo que se hace, y la discrecionalidad con que se decide en cada instancia. No hay ancla creíble sin reglas claras. Y no hay estabilización posible si los instrumentos exhiben una marcada volatilidad y sus objetivos no se comunican con precisión. Además, el mantra “todo marcha de acuerdo al plan” no alcanza para conservar credibilidad y reencauzar las expectativas cuando las acciones de política económica trasuntan cierta confusión/improvisación.
El Gobierno tiene derecho a sostener que heredó una economía muy desordenada. Pero ya lleva veinte meses en el poder. El “riesgo K” funciona como atajo explicativo, pero no como diagnóstico. Las tensiones recientes no solo responden a factores exógenos o especulativos, sino también a una política económica que no termina de despejar el riesgo de próximos cambios y correcciones y que, por lo tanto, no logra generar el grado de previsibilidad requerido. Para sostener su programa y evitar que los ruidos del presente se conviertan en obstáculos más permanentes, el Gobierno deberá mejorar su velocidad de respuesta y la coordinación entre sus frentes de política, y tendrá que buscar caminos alternativos para recuperar gobernabilidad. No se trata de ceder principios, sino de corregir desvíos. Todavía está a tiempo. Pero el margen no es infinito.
*Economista.