El Gobierno Nacional dispuso la apertura de un registro público digital para que talleres mecánicos particulares puedan realizar la Verificación Técnica Vehicular. La medida entra en vigencia este miércoles 3 de junio.
El Gobierno Nacional dispuso la apertura de un registro público digital para habilitar a los talleres mecánicos particulares a realizar la Verificación Técnica Vehicular (VTV). La medida entra en vigencia este miércoles 3 de junio tras destrabarse una medida cautelar judicial, buscando descentralizar el control de las unidades y fomentar la libre competencia en el mercado automotor.
Según informó Perfil, la reforma implementada se sustenta en el Decreto 196/2025, el cual modificó de manera directa el marco regulatorio del transporte general. Bajo este nuevo ordenamiento administrativo, los centros autorizados funcionarán en la órbita del Poder Ejecutivo Nacional y revisarán autos particulares, utilitarios comerciales, vehículos de carga y unidades de pasajeros.
La administración nacional ratificó que las exigencias de seguridad vial y los estándares históricos de control no sufrieron alteraciones. De este modo, cada establecimiento interesado deberá formalizar el trámite mediante declaración jurada, designar un Director Técnico responsable y acreditar el equipamiento tecnológico requerido por ley.
La normativa modificó los plazos de vigencia de las obleas obligatorias de acuerdo con la antigüedad de cada una de las unidades patentadas. Los automóviles particulares cero kilómetro realizarán su primera inspección técnica recién a los cinco años del patentamiento original.
Los rodados que posean hasta diez años de antigüedad afrontarán la revisión cada 24 meses, mientras que los que superen la década de uso lo harán anualmente. Las principales novedades del modelo abarcan la posibilidad de habilitar puntos de control en concesionarias oficiales y la liberación de los aranceles para incentivar la competencia de precios.
El principal escollo para la aplicación efectiva del sistema radica en la autonomía de las jurisdicciones, ya que cada provincia debe ratificar formalmente su adhesión al decreto federal. Al respecto, la provincia de Buenos Aires fue la primera jurisdicción en manifestar públicamente su rechazo al nuevo régimen nacional y mantendrá el monopolio de sus plantas concesionadas.