La Cámara Federal de Casación Penal rechazó los recursos de la defensa de la expresidenta y dejó firme el decomiso de 111 bienes, entre ellos los de Lázaro Báez.
La Cámara Federal de Casación Penal rechazó los recursos extraordinarios de la defensa de Cristina Fernández de Kirchner y dejó firme la medida que ordena decomisar sus bienes en el marco de la condena por la causa Vialidad. La decisión también alcanza a sus hijos, Florencia y Máximo Kirchner, y al empresario Lázaro Báez.
La medida fue adoptada para cubrir un monto de 685 mil millones de pesos. De esta forma, la Justicia evitó que el trámite escalara a la Corte Suprema y continuará con los procedimientos para que 111 bienes de la familia Kirchner y de Báez vuelvan al Estado.
CFK fue condenada a doce años de prisión en diciembre de 2022 y cumple la condena en su domicilio de San José 1111 desde junio de 2025. En abril de este año, los jueces Gustavo Hornos, Mariano Borinsky y Diego Barroetaveña resolvieron que “los bienes de origen ilícito pueden ser decomisados aun cuando hayan sido transferidos a terceros o heredados”.
Los magistrados de la Sala IV de Casación Federal rechazaron el planteo de la expresidenta para suspender la ejecución de su patrimonio. Buscan ejecutar 111 bienes de los condenados en la Causa Vialidad, por un total de 685 mil millones de pesos.
Casación reafirmó el alcance amplio del decomiso en el derecho argentino, al afirmar que el recupero de activos provenientes de delitos constituye no solo una facultad sino un deber del Estado. Validó así el criterio del TOF-2 al dictar la sentencia –integrado por Jorge Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso–, que había diferenciado tres categorías: bienes de personas condenadas que se beneficiaron del delito, bienes afectados con finalidad reparatoria y bienes en poder de terceros no condenados.
Las defensas cuestionaron lo que interpretan como una indebida extensión de la responsabilidad penal a terceros ajenos al proceso, incluyendo bienes adquiridos antes de los hechos investigados o bien pertenecientes a personas no condenadas. Objetaron también que se incluyeran activos de origen lícito o desvinculados del delito.
Los jueces Hornos y Barroetaveña, en línea con el dictamen del fiscal Mario Villar, rechazaron esos planteos y convalidaron el criterio del TOF 2, reforzando la idea de que el decomiso no debe limitarse a los bienes directamente vinculados al hecho delictivo sino que puede alcanzar otros activos cuando exista una relación razonable con el provecho ilícito.
El decomiso había sido solicitado por los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola. De los 111 bienes, 80 son de Lázaro Báez, uno se halla a título personal de Cristina Kirchner y los restantes 19 están escriturados a nombre de Florencia y Máximo Kirchner.
En el caso de la expresidenta, la medida alcanza el hotel Los Sauces Casa Patagónica, vecino de la residencia de los Kirchner en El Calafate; y un complejo de departamentos en Río Gallegos construido por Lázaro Báez. Los 19 inmuebles de sus hijos fueron comprados por Néstor Kirchner entre 2006 y 2010.