El Ejecutivo nacional ratificó la decisión de no ejecutar partidas clave para universidades y hospitales, en medio de la convocatoria a una marcha universitaria prevista para este martes en Plaza de Mayo.
El Gobierno nacional salió a confrontar directamente la convocatoria de este martes a las 17:00 en Plaza de Mayo, calificándola como una maniobra política más que un reclamo estrictamente académico. La ministra Sandra Pettovello y el secretario Alejandro Álvarez coincidieron en que la presencia de figuras como Axel Kicillof y la cúpula de la CGT en el armado de la protesta desvirtúa la demanda salarial docente.
«Si fuera un reclamo puramente universitario, ¿por qué necesitan que actores sociales que no tienen una relación directa estén presentes?», sentenció Álvarez, marcando la postura oficial de que la marcha busca desgastar la gestión de Javier Milei. Respecto al conflicto por los fondos para salud, los funcionarios confirmaron que mantienen sin ejecutar una partida de casi 80.000 millones de pesos destinada a los hospitales universitarios. El argumento oficial es que buscan terminar con la «arbitrariedad» en el reparto.
Pettovello anticipó que en las próximas semanas se creará una comisión para rediseñar los criterios de distribución, acusando a la Universidad de Buenos Aires (UBA) de pretender acaparar el 95% de esos recursos en detrimento del resto de las instituciones del país. En el marco de lo que la ministra denominó como una «batalla cultural», Pettovello defendió la necesidad de auditar los gastos de las universidades para «desmitificar ese monstruo sagrado que la gente defiende sin saber».
Según la titular de Capital Humano, el objetivo del Gobierno es transparentar en qué se utiliza el dinero público para que la sociedad tome decisiones basadas en «datos reales» y no en consignas políticas. En esta línea, Álvarez fue tajante respecto a la principal exigencia de la marcha: aseguró que el Ejecutivo solo se regirá por la Ley de Presupuesto, descartando la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario aprobada por el Congreso.