El ministro de Economía, Luis Caputo, confirmó que la venta de acciones y concesiones permitirá recaudar US$2000 millones hasta fin de año. El plan incluye a empresas energéticas, de agua y transporte, y se busca dar certidumbre a los inversores.
El Gobierno nacional aceleró el plan de privatizaciones y busca concretar la venta de acciones o la concesión de casi una decena de empresas. El ministro de Economía, Luis Caputo, confirmó que esos activos permitirán recaudar US$2000 millones hasta fin de año. El funcionario apuesta a que el retiro del Estado del control de esas compañías, bajo el amparo de la Ley Bases, sea clave junto con otras fuentes de dólares —como las exportaciones del agro, la energía y la minería— para dar certidumbre a los inversores sobre que los pagos de la deuda están garantizados. También espera que ayude a reducir el riesgo país, que se resiste a perforar los 500 puntos.
«El optimismo está fundado en datos», dijo Caputo en el Congreso Económico Argentino al hablar de las cifras que espera sumar con las privatizaciones en marcha. La idea fue ratificada en el informe de Jefatura de Gabinete que Manuel Adorni brindó ante el Congreso. El funcionario detalló los procesos en marcha y las etapas que atraviesa cada una, y dejó en claro que el Ejecutivo no dejó del todo de lado su intención de desprenderse también de Aerolíneas Argentinas, al recordar que un decreto de 2024 tiene a la línea de bandera como privatizable.
Adorni adelantó que el Gobierno trabaja en un decreto para destinar el 10% de lo que se recaude por las privatizaciones y venta de inmuebles estatales a inversiones en defensa. El plan de desinversión del Estado de Javier Milei arrancó con la idea de privatizar 41 empresas, pero la Ley Bases de julio de 2025 solo habilitó 8. De ese total, solamente queda pendiente iniciar el proceso de privatización de Trenes Argentinos —que brinda servicio de pasajeros en las líneas ferroviarias del AMBA—. El Gobierno lanzó la emergencia ferroviaria y se concentra en obras prioritarias para garantizar la seguridad del servicio, además de achicar la planta de personal y hacer más atractiva la firma a posibles inversores.
En la última semana de abril hubo tres avances importantes en el plan de privatizaciones. Por un lado, dio pasos administrativos para llegar a las licitaciones de Aysa y el tren Belgrano Cargas. La venta de acciones de la controlante de Transener, clave para acercarse a la privatización total de Enarsa. También recibió 3 ofertas que totalizaron casi US$890 millones por las acciones que tiene el Estado en Citelec, la controlante de Transener, las mayores transportistas eléctricas del país.
Con esas operaciones, el panorama de las próximas privatizaciones puede sintetizarse así: las ofertas por la controlante de Transener, que entró en la etapa de definiciones, son el puntapié inicial para la privatización total de Enarsa. Por Citelec, el consorcio que integran Edison Energía y Genneia, dos grandes generadores de electricidad, está a un paso de quedarse con el 50% de las acciones de la controlante, tras presentar la mejor oferta por US$356,1 millones.
El plan oficial apunta desde 2024 a dividir y vender en partes a Enarsa. A fines de 2024, Enarsa controlaba al menos 10 unidades en el sector del gas y la energía eléctrica; hoy son solo cinco y dos de ellas están en proceso de transición. La operación del gasoducto a Vaca Muerta (Perito Moreno, ex Néstor Kirchner) la tiene TGS, que también se quedó a cargo de ampliar la capacidad de transporte. A fines de 2025, Enarsa dejó de tener injerencia en las cuatro represas del Comahue, que fueron reconcesionadas.
Actualmente, el Estado tiene participación a través de Enarsa en varios negocios energéticos. Luego de privatizar las represas del Comahue a fines de 2025 por US$700 millones, el Gobierno ya tiene en la mira nuevas concesiones para las centrales hidroeléctricas de Mendoza, Salta, San Juan, Tucumán y Chubut.
El Gobierno aprobó los contratos de concesión y transferencia de acciones para el proceso de privatización de Aysa, mediante la Resolución 543 del 28 de abril. La privatización de Aysa se definió en la Ley Bases de 2024 y la concesión abarcará el 51% de las acciones que tiene el Estado. El contrato aprobado establece que la concesión tendrá un plazo de 30 años para la provisión de agua potable y cloaca en la Ciudad de Buenos Aires y 26 municipios del conurbano bonaerense. Entre los interesados se mencionan a la familia Neuss (junto a los dueños de Havanna y Newsan, que integra Edison Energía) y Mauricio Filiberti (Transclor). El Banco Mundial asesora el proceso y la valuación está a cargo del BICE.