Profesionales de nutrición y trabajo social se movilizaron frente a la Legislatura de Salta para rechazar la implementación de la Ley 8444/24, que establece aportes obligatorios a una caja profesional. Denuncian deudas que superan los 2 millones de pesos y exigen una modificación que haga voluntario el aporte.
Nutricionistas y trabajadores sociales de Salta se concentraron este martes frente a la Legislatura provincial para manifestarse en contra de la Ley 8444/24, conocida como “Ley de la Caja”. Bajo el lema “No a la Caja”, los profesionales reclaman que el aporte obligatorio establecido por la normativa sea modificado y pase a ser voluntario.
Las licenciadas en Trabajo Social Bettina Gómez y Eugenia Vargas explicaron que la ley “se implementó sin sustentabilidad” y que genera un impacto económico inmediato desde la matriculación. “Iniciamos con una deuda automática en la caja profesional, sin contemplar ingresos ni la realidad laboral de cada uno”, señalaron.
Según detallaron, los aportes son montos fijos que no consideran si el profesional tiene trabajo o cuánto gana. Además, advirtieron que muchos ya realizan aportes a ANSES, lo que implica una doble carga. “Hay colegas desempleados o recién recibidos que no pueden afrontar estos pagos, y aun así la deuda sigue creciendo”, remarcaron.
En ese sentido, indicaron que la deuda ya supera en muchos casos los 2 millones de pesos, con un incremento constante. “Cada día aumenta un 1%, es insostenible. Esto está generando crisis económicas en muchas familias”, advirtieron.
Por su parte, la licenciada en Nutrición Ana Mastronardi aseguró que la situación del sector es crítica y que esta obligación agrava aún más el panorama. “Hay profesionales sin trabajo y otros con dos o tres empleos. Aun así, deben pagar alrededor de $150.000 por mes. Es imposible”, sostuvo. Además, indicó que en la provincia hay más de 800 nutricionistas matriculados alcanzados por la medida.
Uno de los testimonios más duros fue el de una profesional de trabajo social próxima a jubilarse, quien denunció que debe aportar sin recibir ningún beneficio a futuro. “Voy a pagar seis meses y no me corresponde jubilación. Es como un regalo para la caja”, expresó, mostrando comprobantes de deuda que ya rondan el millón de pesos.
El reclamo apunta a que la Cámara de Senadores avance con una modificación que establezca el carácter voluntario de los aportes. “Queremos poder elegir. No puede ser obligatorio”, insistieron. Mientras tanto, la protesta continúa y crece la presión para que los legisladores escuchen el pedido de los profesionales, que advierten que la situación “es devastadora” si la ley sigue vigente tal como está.