El gerente del hospital salteño, Facundo Frissia, advirtió que los cambios propuestos por el Gobierno nacional podrían implicar un retroceso en la atención y en las garantías para los pacientes.
El Hospital Miguel Ragone manifestó su preocupación por la modificación a la Ley de Salud Mental que impulsa el Gobierno nacional. El gerente de la institución, Facundo Frissia, advirtió que la iniciativa podría significar un retroceso en materia de derechos y en el funcionamiento del sistema.
En diálogo radial con Hora de Voces (FM Ya 91.3), señaló que los cambios afectarían directamente a instituciones como el Ragone, que hoy es un centro de referencia en la provincia. Aseguró que implicaría volver a un esquema anterior a 2010, cuando no existían las garantías actuales para los pacientes.
Uno de los puntos más cuestionados es el régimen de internaciones involuntarias. Explicó que actualmente se requiere una orden judicial, mientras que con la reforma alcanzaría la decisión de un profesional. Advirtió que esto es riesgoso porque dejaría de ser una evaluación interdisciplinaria.
Frissia también destacó el modelo que se desarrolla en Salta, enfocado en descentralizar la atención y acercarla a distintas regiones. En ese esquema, el hospital trabaja de manera articulada con la Secretaría de Salud Mental, encabezada por Martín Teruel, con el objetivo de que las personas puedan ser atendidas en su lugar de origen sin necesidad de trasladarse a la capital. En ese sentido, remarcó que se incorporaron profesionales en localidades como Tartagal, General Güemes, Rosario de la Frontera y Metán.
Actualmente el hospital cuenta con 138 pacientes internados y trabaja con un equipo multidisciplinario integrado por psiquiatras, psicólogos y trabajadores sociales, con el objetivo de lograr la reinserción social y laboral de cada persona.
El gerente también advirtió sobre la falta de especialistas en Psiquiatría, una problemática que se repite a nivel nacional y global. Señaló que muchos profesionales optan por el sector privado debido a las condiciones laborales, mientras que en el sistema público la demanda es alta y el trabajo suele sostenerse por vocación. A esto se suma que gran parte de los pacientes terminan siendo derivados al sistema público, ya que no todos los profesionales privados trabajan con obras sociales. Esto genera una mayor presión sobre el hospital.
Por último, Frissia cuestionó que la reforma se impulse sin consenso y consideró que debería haberse abierto un debate más amplio con todos los actores involucrados, incluyendo al sistema judicial, profesionales de distintas áreas y organizaciones. También recordó que la ley vigente contempla un órgano de revisión por provincia que aún no está plenamente operativo y que podría ser clave para mejorar el funcionamiento del sistema.