Especialistas, funcionarios judiciales y fuerzas de seguridad analizan los motivos de la disminución de decomisos en la región, que van desde la falta de controles aéreos hasta problemas internos en las fuerzas federales.
La disminución en los secuestros de estupefacientes registrados en el NOA encendió señales de alerta entre especialistas, funcionarios judiciales y miembros de fuerzas de seguridad, quienes coinciden en que el fenómeno responde a múltiples causas y no únicamente a la falta de controles aéreos en la región. Si bien la escasa vigilancia del espacio aéreo aparece entre los factores señalados, las fuentes consultadas advierten que existen otros elementos de peso que también impactan en la lucha contra el narcotráfico.
Uno de los puntos que más inquietud genera es el aumento de investigaciones penales que involucran a integrantes de fuerzas federales, precisamente organismos que deberían ocupar un rol central en el combate contra las organizaciones criminales. Según se indicó, en provincias como Jujuy, Salta, Tucumán y Santiago del Estero se abrieron expedientes contra efectivos acusados de distintas maniobras ilícitas. Las imputaciones abarcan desde el cobro de sobornos hasta el transporte de droga, e incluso el robo de cargamentos de estupefacientes que luego habrían sido comercializados.
A ese escenario se suma el creciente malestar interno dentro de las fuerzas. De acuerdo con las fuentes, un gendarme raso percibe un salario que no alcanza los $800.000, mientras que un agente recientemente incorporado a la Policía de Tucumán cobra entre un 35% y un 40% más. También se mencionaron dificultades vinculadas con las obras sociales a las que están afiliados los uniformados. El problema radicaría en la falta de pago de aportes que se descuentan mensualmente de sus haberes. Según remarcaron, de manera paradójica, el propio Estado figura como principal deudor.
Ese contexto económico y social viene generando un creciente descontento entre el personal, al punto que en distintas provincias familiares de efectivos realizaron protestas para reclamar mejoras salariales y soluciones administrativas. “Los narcos, con el dinero que manejan, pueden quebrar voluntades, y más aún si no están pasando por un buen momento económico”, sostuvo un funcionario judicial al analizar la situación.
En paralelo, especialistas también plantearon reparos sobre las políticas nacionales implementadas para reforzar la frontera norte. Si bien destacaron como positiva la puesta en marcha del Plan Güemes, señalaron que su diseño no habría contemplado las consecuencias posteriores de esa estrategia. Entre las críticas, remarcaron que no se previó que las bandas narcocriminales modificarían rutas y destinos para sostener sus operaciones, trasladando la actividad hacia otras zonas menos controladas.
Además, surgieron interrogantes en torno al denominado Plan Roca, anunciado hace casi un año y que contemplaba la utilización de efectivos del Ejército en tareas de patrullaje. Según indicaron las fuentes consultadas, hasta el momento no existirían señales claras de su ejecución o, al menos, no se difundieron acciones concretas vinculadas con ese programa.
De este modo, el descenso en los decomisos de droga en el norte argentino lejos está de interpretarse como una victoria definitiva. Para investigadores y especialistas, el fenómeno refleja nuevas modalidades del delito, debilidades estructurales en los controles y un escenario complejo que exige respuestas integrales.