Gendarmería desbarató una organización narcocriminal en el norte provincial que utilizaba la actividad agrícola como fachada. El juez federal de Orán dictó prisión preventiva para los líderes y un integrante clave.
Efectivos de Gendarmería desbarataron una organización narcocriminal en el norte provincial que utilizaba la actividad agrícola como fachada para el movimiento de estupefacientes. El operativo inicial se originó tras el hallazgo de 30 kilos de cocaína ocultos en un cargamento de berenjenas, lo que disparó una investigación profunda sobre las estructuras de acopio en la zona mediante fincas alquiladas.
El juez federal de Garantías de Orán, Gustavo Montoya, declaró la legalidad de la detención de los líderes y un integrante clave de la banda. Imputó a dos hermanos de apellido R. y a un ciudadano venezolano por el delito de almacenamiento de estupefacientes agravado, dictándoles prisión preventiva por 90 días.
La investigación determinó que los cabecillas arrendaban fincas en Colonia Santa Rosa para simular el cultivo de tomates y hortalizas mientras acopiaban la droga proveniente de Bolivia. En uno de estos predios, los gendarmes descubrieron una zanja oculta entre la maleza que contenía ocho bolsas con más de 171 kilogramos de cocaína de máxima pureza.
Para coordinar la logística, los miembros de la organización se reunían en un local comercial denominado “El Bunker”, propiedad de uno de los imputados. Además de las fincas, se allanó un local bailable y se secuestró una flota de vehículos de alta gama, incluyendo camionetas Toyota y Volkswagen utilizadas para el traslado de la mercadería ilícita.
El avance de la causa fue posible gracias al peritaje de teléfonos celulares y al testimonio de tres detenidos previos que se acogieron a la figura del arrepentido. «Todo el mundo sabe quiénes son», señalaron fuentes del caso al referirse al poderío económico que ostentaba la banda en la localidad de Colonia Santa Rosa.
Finalmente, el fiscal federal Marcos Romero destacó la peligrosidad de la organización y el riesgo de fuga existente, especialmente en el caso del ciudadano venezolano que ya poseía pedidos de captura internacionales. Así, la justicia otorgó un plazo de 120 días para profundizar las pericias sobre los dispositivos electrónicos y determinar si existen más ramificaciones de esta red en la provincia.