El Gobierno provincial anunció un paquete de medidas que incluye el congelamiento de sueldos de altos cargos políticos y la suspensión de gastos protocolares, estimando un ahorro inicial superior a los 2000 millones de pesos.
El Gobierno de la Provincia de Salta puso en marcha un amplio paquete de medidas de austeridad. Incluye el congelamiento de salarios de la alta planta política, restricciones al gasto administrativo, control del parque automotor, eliminación de viajes al exterior financiados con fondos provinciales y la suspensión de gastos protocolares por 180 días.
La vocera del Gobierno, Paula Benavides, confirmó en Radio LUP que el ahorro inicial superaría los $2.000 millones, con posibilidad de incrementarse en los próximos meses. Explicó que la medida no constituye una ley ni un DNU obligatorio para otros poderes o municipios, sino una invitación a adherir voluntariamente al esquema de ajuste.
Se estableció la suspensión de nuevas contrataciones en el Estado provincial, salvo casos estrictamente necesarios vinculados a servicios esenciales. Se aclaró que áreas sensibles como salud, educación y seguridad podrán cubrir vacantes únicamente cuando se trate de funciones críticas.
Asimismo, se instruyó a los organismos a realizar un relevamiento del personal en condiciones de jubilarse o acceder a retiros voluntarios, con el objetivo de reducir progresivamente la estructura estatal sin afectar servicios esenciales. Según los datos oficiales, el empleo público provincial ronda los 75.000 trabajadores.
Otro de los ejes del plan es el control exhaustivo del parque automotor estatal y el uso de combustibles, limitando su utilización a funciones operativas. También se dispuso la prohibición de viajes oficiales al exterior con fondos provinciales, salvo casos excepcionales de interés estratégico.
Desde el Gobierno provincial se argumentó que las medidas responden al impacto de la caída de la actividad económica y su efecto directo sobre la coparticipación federal. La baja en el consumo repercute en menores transferencias automáticas hacia las provincias y municipios, lo que obliga a redireccionar recursos para sostener servicios esenciales y obras en ejecución.