La legisladora provincial Socorro Villamayor se refirió al impacto social del hecho y explicó los requisitos constitucionales para una posible intervención municipal.
En medio del impacto social generado por la muerte de un niño en La Merced, la diputada Socorro Villamayor analizó la situación institucional del municipio. En declaraciones al programa «Sin Vueltas» de InformateSalta, la legisladora explicó que el hecho trágico, por sí solo, no constituye una causal de intervención según la Constitución provincial.
«Hay que ser muy prudentes. La intervención es el último remedio constitucional y no puede aplicarse por una reacción momentánea», afirmó Villamayor. Según su explicación, este tipo de decisiones deben basarse en la existencia de una crisis o desorden institucional comprobable, y no únicamente en un hecho aislado o en el malestar social que este genere.
En ese sentido, señaló que, de surgir nuevas irregularidades —como incumplimientos administrativos o acefalía—, la situación podría ser reanalizada por la Legislatura. Para finalizar, la diputada consideró que, en el actual contexto, «la renuncia habría sido lo más sano» desde el punto de vista institucional, en referencia al intendente del municipio.