Un afectado por la caída del token $LIBRA presentó una solicitud ante la Justicia Federal para que declaren como imputados el presidente Javier Milei, la secretaria general Karina Milei y el jefe de Gabinete Manuel Adorni, entre otros, por delitos de cohecho y negociaciones incompatibles.
Martín Romeo, uno de los afectados por la caída de la criptomoneda $LIBRA, solicitó al juez federal Marcelo Martínez De Giorgi que cite a declarar en calidad de imputados —por cohecho y negociaciones incompatibles con la función pública— al presidente de la Nación, Javier Milei; a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; y al jefe de Gabinete de Ministros, Manuel Adorni.
A través de un escrito, Romeo también pidió que se convoque a declarar a Mauricio Novelli; a su madre, María Alicia Rafaele; a su hermana, María Pía Novelli; a Sergio Morales; a Manuel Terrones Godoy; a Chyi Haur Peh, conocido como Julián Peh; a Hayden Davis; y a otras seis personas entre empresarios y operadores vinculados al mundo cripto.
El documento expone un extenso conjunto de pruebas documentales, peritajes tecnológicos e informes oficiales. Para el querellante, la supuesta estafa fue coordinada a nivel local e internacional.
En su presentación, Romeo trazó una línea de tiempo que se inicia en 2018, cuando un grupo liderado por Mauricio Novelli habría comenzado a operar en mercados financieros mediante una academia de trading. Según su criterio, desde ese momento se habrían desarrollado mecanismos de captación de inversores, manipulación de mercados y evasión fiscal, utilizando estructuras offshore y billeteras cripto para ocultar fondos.
Con el paso del tiempo, esa estructura habría evolucionado hacia un esquema más complejo que incluyó alianzas con actores internacionales —como el Grupo Kelsier— y la creación de una red de sociedades y cuentas en el exterior. La acusación señala que, hacia 2024, el grupo ya contaba con la capacidad técnica y financiera para ejecutar una operación de mayor escala.
Romeo apunta a una «infiltración» en el Estado a través de Sergio Morales, quien fue designado asesor en la Comisión Nacional de Valores (CNV) mientras mantenía vínculos activos con el grupo de la academia de trading.
El escrito también detalla una serie de reuniones clave: encuentros en el Hotel Libertador y viajes a Paraguay, donde se habría negociado un acuerdo por más de 1.5 millones de dólares a cambio de acceso político y respaldo institucional. Según la acusación, ese convenio incluía pagos mensuales y comisiones sobre operaciones futuras.
En paralelo, la presentación describe el lanzamiento de un token previo, $KIP, que habría funcionado como «ensayo general» del esquema. De acuerdo con el documento, tras una promoción pública que incluyó menciones del propio presidente, los organizadores habrían liquidado sus posiciones generando pérdidas para los inversores minoristas.
Para la querella, el punto culminante de la maniobra ocurrió el 14 de febrero de 2025 con el lanzamiento de $LIBRA, ocasión en la que «se drenaron más de 44 millones de dólares». Ese día se registraron compras masivas previas al anuncio oficial, lo que configuraría uso de información privilegiada. Tras un fuerte aumento del precio impulsado por la difusión pública, los organizadores habrían retirado la liquidez del mercado en pocas horas.
Además, se describe una coordinación en tiempo real entre los operadores financieros y la comunicación política. «El presidente no publicó el contrato por iniciativa propia, sino en sincronización con el líder de la organización», sostiene la querella, que menciona registros de llamadas como evidencia de esa coordinación.
La presentación también señala que se activaron mecanismos de lavado de dinero, incluyendo transferencias internacionales, uso de testaferros y retiro de efectivo a través de cajas de seguridad. Asimismo, se menciona la eliminación de mensajes y otras acciones orientadas a borrar rastros de la operatoria.