El presidente de la petrolera estatal se refirió al reciente fallo que eximió a la empresa de una millonaria indemnización, proyectó un escenario optimista para las exportaciones de energía y explicó la decisión de no trasladar en su totalidad los aumentos de costos a las estaciones de servicio.
El CEO y presidente de YPF, Horacio Marín, se refirió al fallo del segundo circuito de la Corte de Apelaciones de Nueva York que eximió a la petrolera de pagar una indemnización multimillonaria y revirtió una sentencia contra la Argentina. Marín calificó el resultado como «histórico» y «una de las mejores noticias del año» para la compañía, destacando que haber perdido «podía extinguir a la compañía». También elogió la estrategia legal del Gobierno nacional en el caso.
En declaraciones a Splendid AM 990, el ejecutivo explicó que la Cámara de Apelaciones ratificó que YPF «no tuvo responsabilidad alguna» en los hechos vinculados a la nacionalización de las acciones de Repsol. Sostuvo que este resultado es muy importante por tratarse de una firma que cotiza en bolsa.
Respecto al panorama energético internacional, Marín indicó que la coyuntura global, marcada por conflictos geopolíticos, abre oportunidades para la Argentina al ser considerada una zona segura para el suministro. Afirmó que el país podría convertirse en uno de los principales exportadores de gas natural licuado (LNG) a nivel mundial, aprovechando la búsqueda de diversificación de proveedores por parte de Europa y Asia.
Sobre la política de precios de los combustibles, el titular de YPF explicó que la compañía decidió trasladar al surtidor «solamente el impacto real en los costos», argumentando que un aumento pleno «iba a generar una baja de consumo tan grande que iba a ser peor el remedio que la enfermedad». Señaló que el objetivo es «no especular con los consumidores» y que la relación con los clientes es central para la empresa.
Consultado sobre la estatización de YPF durante la gestión de Cristina Kirchner, Marín sostuvo que la medida «es legal, pero es una violación al derecho de propiedad» y consideró que ese tipo de decisiones desalientan las inversiones. Sobre una eventual privatización, afirmó que no le corresponde opinar, ya que su rol es «generar valor para los accionistas» y que cualquier decisión sobre la estructura accionaria «es una discusión del Ejecutivo y del Legislativo».
Finalmente, destacó que el interés de los inversores internacionales en el país se mantiene y proyectó que el proceso de reformas «va a hacer a la Argentina muy próspera en los próximos años».